Raúl Lamberto, ombudsman provincial, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente conocer “si existe un plan integral provincial que contemple las políticas más progresistas, conservacionistas y sustentables” y “si existe reglamentación que establezca limitaciones a la política de manejo de la caza bajo la modalidad de cotos y el turismo cinegético”.

 

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Dr. Raúl Lamberto, realizó un pedido de informes al Ministerio de Medio Ambiente para conocer cuál es la política en materia de caza en sus diversas variantes y si existe en el territorio provincial una reglamentación relacionada con los cotos y el turismo cinegético (caza deportiva controlada). El requerimiento se sustenta en denuncias públicas realizadas por organizaciones de protección ambiental, así como en los preceptos estipulados en la reciente Conferencia Mundial Habitat III, convocada por ONU en Quito, donde expuso el ombudsman santafesino.

Lamberto solicitó mediante un oficio enviado a la cartera provincial conocer la “política del gobierno provincial en materia de caza en sus diversas variantes”. En ese sentido, se pregunta “si existe un plan integral provincial que contemple las políticas más progresistas, conservacionistas y sustentables que hoy existen y son alentadas por organismos internacionales como la ONU”.

Asimismo, el defensor del Pueblo provincial requiere información respecto de “si en la provincia de Santa Fe existe reglamentación que establezca limitaciones a la política de manejo de la caza bajo la modalidad de cotos y el turismo cinegético”. Y solicita que, en caso de existir, le envíe una copia.

Finalmente, también pide información sobre si se ha realizado un relevamiento en el territorio provincial de la existencia de cotos de caza. En caso afirmativo, Lamberto desea conocer “si los mismos se encuentran registrados y cuentan con aval de esa autoridad de aplicación para su funcionamiento”.

Entre los fundamentos del pedido de informes, Lamberto explica que las denuncias realizadas por la Asociación Civil “Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad” y reproducidas por diversos medios de comunicación dan cuenta desde hace muchos años de la existencia “de cotos de caza y turismo cinegético al parecer sin ningún tipo de control ni regulación legislativa”. Agrega esta organización que para desarrollar esta actividad en estos establecimientos “se lleva a cabo la incorporación al medio de fauna exótica –las cuales ,según las denuncias, serían introducidas al país en forma ilegal o criadas en cautiverio- que luego compite con la fauna autóctona generándose así graves problemas que afectan la biodiversidad local”.

Además, advierte respecto de la afectación al ambiente y la salud de la población que este tipo de actividad “turística” generaría, puesto que se estarían contaminando los cursos de agua y los animales con la presencia del plomo de las municiones en pastizales y el agua, habiéndose detectado presencia de plomo en cereales como arroz y puede llegar a afectar la producción pecuaria.

Asimismo, el defensor del Pueblo santafesino recuerda que las políticas sustentables y conservacionistas con intervención del Estado están en orden a la Nueva Agenda Urbana para los próximos 20 años que se discutió hace poco menos de una semana en la ciudad de Quito en la Conferencia Mundial convocada por ONU Habitat III. Allí estuvo presente el análisis de las sociedades rurales -que contó por primera vez con la presencia de organismos de derechos humanos representados por Defensores del Pueblo integrantes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO)-. Y se identificó como Objetivo 15 la protección de la naturaleza, comprometiéndose los Estados a restablecer y promover el uso sostenible de los recursos terrestres y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

 

 

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Laboratorio de Analisis Clínicos

Mario Maestu