En un giro que reabre el debate sobre los plazos de prescripción penal en la provincia de Santa Fe, el juez de Cámara Tomás Orso declaró este martes la extinción de la acción penal en la causa por estafa y administración fraudulenta que involucraba a Alberto Maurino y Leandro Gonzalo, exdirigentes de Amsafé General López.

La decisión, tomada en la Sala 1 de los Tribunales de Venado Tuerto, se fundamentó en el tiempo transcurrido entre los hechos investigados y la presentación formal de la acusación fiscal, un lapso cercano a los ocho años. Esta resolución se alinea con el criterio previamente establecido por el mismo juez en la causa “Megaestafa Inmobiliaria 2”, generando interrogantes sobre el futuro de la interpretación de la prescripción en la justicia santafesina.

Fundamentos de la decisión judicial

El juez Orso argumentó que los delitos imputados a Maurino y Gonzalo, todos con una pena máxima de seis años, prescribieron debido a la demora en la presentación de la acusación fiscal. Según el magistrado, los hechos investigados se remontan a mediados de 2016, mientras que la acusación formal no se presentó hasta 2024. En su análisis, Orso reiteró su postura sobre la irrelevancia de la audiencia imputativa como factor interruptor de la prescripción, una doctrina que mantendrá vigente “hasta tanto no exista un fallo de la Corte en sentido contrario”. Además, el juez consideró que se había vulnerado el derecho de los imputados al plazo razonable del proceso, dado que la causa se extendió por casi una década sin llegar a la instancia de juicio. Orso estimó que, de haber continuado su curso normal, el proceso podría haber tardado hasta 15 años en total, incluyendo recursos y apelaciones.

Autocrítica y posible apelación 

En un gesto inusual, el juez Orso realizó una autocrítica institucional, pidiendo disculpas “tanto a los denunciantes como a los imputados por este tipo de respuesta de baja calidad institucional que se está dando en esta causa”. Sus palabras reflejan una preocupación por la eficiencia y la celeridad de la justicia penal en la provincia. A pesar de la declaración de prescripción, la controversia no está cerrada. Fuentes judiciales indican que el fiscal Damián Casullo presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, buscando revertir la decisión del juez Orso. La Corte deberá definir si el criterio del magistrado es jurídicamente válido, y su fallo tendrá un impacto directo en la causa Amsafé y en otros expedientes similares. La resolución del máximo tribunal sobre la Megaestafa Inmobiliaria 2, ya anticipada, marcará un precedente crucial para el caso de Maurino y Gonzalo, cuyo futuro judicial aún depende de la interpretación de los plazos de prescripción en los procesos penales santafesinos.

Profundo malestar

La actual conducción de Amsafé General López ha manifestado su profundo malestar ante la prolongada inacción del gremio provincial respecto a la presentación como querellante en causas relevantes. Esta omisión, según argumentan, ha contribuido a la impunidad de los responsables. Mientras la fiscalía evalúa la posibilidad de elevar el caso a la Corte Suprema de Santa Fe, el fallo judicial desató un intenso debate en torno a la lentitud del sistema judicial y la responsabilidad institucional en la gestión de fondos sindicales. La controversia subraya la necesidad de una mayor transparencia y celeridad en la administración de la justicia, así como de una actuación más diligente por parte de las instituciones encargadas de velar por el correcto uso de los recursos sindicales.

Comunicado de Amsafé