Tras una investigación iniciada en abril, se desbarató al grupo narcocriminal luego de incautar 4,4 kilos de cocaína transportados por una pareja que circulaba en auto por la Ruta Provincial n.° 90, cerca de la localidad de Elortondo. Según la investigación, operaban en Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat. Entre los acusados, hay un hombre y una mujer a quienes se les atribuyó organizar la logística desde la cárcel.

La Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto formalizó la imputación a 11 personas -entre ellas dos que se encuentran privadas de la libertad- como integrantes de una organización dedicada al tráfico, distribución y comercialización de estupefacientes en las ciudades de Venado Tuerto, Cañada de Gómez y Firmat, luego de una investigación de poco más de seis meses que derivó en el secuestro de 4,4 kilogramos de cocaína dentro de un auto tras un procedimiento de Gendarmería Nacional concretado hace dos semanas en la Ruta Provincial n.° 90, a la altura de la localidad de Elortondo.

El juez de Garantías de Venado Tuero, Aurelio Cuello Murúa, presidió el 19 de noviembre pasado, bajo la modalidad de Zoom, la audiencia en la que se formalizó la investigación de la Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari, junto con la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi y la auxiliar fiscal Rocío Estrada.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron el caso, las evidencias recolectadas en múltiples medidas y la calificación legal para encuadrar los hechos atribuidos a Manuel E., Carina A., Rita T., Adrián C., César O., Emir B., Ayelén C., Juan José C., Ana Paula M., Sofía E. y Leonel A., estos dos últimos, ya detenidos por causas de la justicia provincial.

A todos se les adjudicó ser coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación conjunta y organizada de tres o más personas, al menos desde el desde el 14 de noviembre de 2024 hasta el 16 de noviembre de 2025, “junto a otras personas que aún no fueron identificadas”, advirtieron los fiscales.

A pedido de la Fiscalía, el juez dispuso la prisión preventiva para Manuel E., Carina A., Adrián C., César O. y Emir B. por el plazo de 120 días; para Rita T., por 30 días, y de Ayelén C., bajo la modalidad de arresto domiciliario, también por 30 días.

En tanto, Juan José C. y Ana Paula M. continuarán ligados al proceso en libertad, mientras que Sofía E. y Leonel A., ya están detenidos por causas que tramita el Ministerio Publico de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe. Además, cada uno deberá afrontar un embargo por cinco millones de pesos a cada uno.

El secuestro de la cocaína

Los acusados Manuel E. y Carina A. conforman la pareja que el 16 de noviembre último, a las 14.46, fue interceptada por personal de la sección Vial de Gendarmería cuando circulaba en un automóvil Chevrolet Onix, que era propiedad del coimputado Adrián C., a la altura del kilómetro 133 de la ruta provincial 90, en sentido a Venado Tuerto. Dentro de una mochila le secuestraron 4,400 kilogramos de cocaína. Además, se incautaron 418.110 pesos, una navaja y una tarjeta de la aplicación Mercado Pago.

Por esa circunstancia, la Fiscalía les atribuyó a ellos la coautoría del transporte de estupefacientes, en concurso ideal con el delito antes mencionado. En su caso, ambos deberán afrontar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos.

La investigación

En la audiencia, Ghiorzi y Estrada recordaron que la pesquisa se inició a partir de una denuncia realizada en abril pasado en el “Buzón de la Vida” (un mecanismo destinado a que los vecinos puedan realizar denuncias anónimas) de Venado Tuerto. En ella, se apuntaba a un grupo de personas que desarrollaba actividades de venta de droga al menudeo en esa localidad, y en otras como Firmat y Cañada de Gómez, sin descartar una expansión territorial mayor en el sur de Santa Fe.

Según reveló la Fiscalía, se identificaron vehículos utilizados para traslados, domicilios, líneas telefónicas con números que se relacionaron y a partir de los cuales se hicieron escuchas, tareas de campo y seguimientos. Todos esos elementos permitieron corroborar el acceso que grupo tenía a los estupefacientes, la comercialización y roles de cada persona en la estructura.

La fiscal Ghiorzi puso de relieve el valor de la cocaína incautada -unos 100 mil dólares en el mercado ilegal-, y la dimensión del secuestro, el de mayor magnitud desde que en 2018 comenzó a funcionar el juzgado federal de la jurisdicción de Venado Tuerto.

Por su parte, la auxiliar fiscal Estrada también detalló las tareas de seguimiento a los integrantes de la banda, las que incluyeron monitoreos sobre Sofía E. -hija de la mujer que iba en el auto donde se secuestró la droga- y Leonel A., cuyas celdas también fueron allanadas en las unidades penitenciarias ubicadas en Melincué y Coronda.

El trabajo de campo permitió identificar también que el auto Chevrolet, cuyo titular era Manuel C., era utilizado por varios de los integrantes de la banda, como Juan José C., que hacía periódicos viajes entre Firmat y Cañada de Gómez.

Si bien los fiscales aclararon que la investigación sigue en curso, indicaron que, de la evidencia reunida hasta el momento, se presume que la organización radicada en Venado Tuerto mantendría nexos con personas privadas de su libertad que “proveerían del material ilícito, recogido en la ciudad de Cañada de Gómez y/o Rosario”, según advirtió Estrada.

Al mismo tiempo abastecerían de sustancias ilícitas a localidades aledañas, como Firmat; “sin descartar que las actividades alcancen un número mayor de localidades”. En el caso de Rita T., fue vinculada al caso a raíz de los seguimientos realizados al vehículo Chevrolet Onix en el que Manuel E. y Carina A. recogían el material estupefaciente para trasladarlo al departamento General López.

En las tareas desarrolladas en Cañada de Gómez, se pudo entrevistar a vecinos un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Callao y Talcahuano donde vivía una señora llamada Rita T., que aseguraron que se dedica a la venta de droga y que, a pesar de haber sido allanada muchas veces, nunca se le halló material estupefaciente.

Con esa información, Gendarmería Nacional desplegó diversas medidas ordenadas por la fiscalía, principalmente para identificar a la persona mencionada, su entorno y vínculos. Todo ello, junto al resto de los elementos, permitió formalizar las imputaciones a los miembros de la organización.