El juez penal de Primera Instancia de la 3.ª Circunscripción de Venado Tuerto, Mauricio Clavero, alzó su voz en un llamado a la revisión del sistema de imputabilidad juvenil en la Argentina, instando a un debate "maduro" y exhaustivo sobre la respuesta del Estado ante delitos graves cometidos por menores.

En un extenso e interesante texto publicado recientemente, Clavero, quien fue propuesto para el cargo de fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Circunscripción Judicial n.º 3, con sede en Venado Tuerto, argumenta que la discusión sobre la edad de imputabilidad penal, aunque recurrente, vuelve a la agenda pública cada vez que un delito de gravedad involucra a menores de 16 años.

La necesidad de un debate serio

Para el magistrado, "un debate serio implica reconocer que el sistema actual no funciona". Clavero subraya que evitar el debate es una forma de irresponsabilidad política, especialmente ante un escenario donde las redes criminales reclutan adolescentes cada vez más jóvenes, aprovechando un vacío legal que los exime de responsabilidad penal. Esta situación, según el juez, deja a las víctimas "atrapadas en un sistema" sin respuestas claras, mientras que los adolescentes son expuestos a dinámicas delictivas y utilizados como "piezas descartables".

El juez cuestiona la simplificación de argumentos científicos que justifican la inacción, particularmente la invocación de las neurociencias para argumentar que los menores no deben responder penalmente. Clavero sostiene que esta lectura es incompleta, ya que los adolescentes comprenden la ilicitud de sus actos, aunque su control inhibitorio esté en desarrollo. En este sentido, plantea que la intervención temprana es más efectiva que la tardía, afirmando que "no actuar hasta los 16 años no es proteger; es llegar tarde".

Vacío legal y reclutamiento criminal

Clavero advierte sobre un "vacío legal" que deja a los menores en una "zona de no-responsabilidad", facilitando su reclutamiento por parte de redes criminales. Esta situación, según el juez, expone a los adolescentes a dinámicas delictivas y los convierte en "piezas descartables" dentro de estas estructuras. El magistrado enfatiza que las víctimas, por su parte, quedan desamparadas en un sistema que no ofrece respuestas claras cuando el autor del delito es menor de 16 años.

El juez también critica la inacción basada en argumentos científicos simplificados, señalando que la comprensión de la ilicitud de los actos por parte de los adolescentes, aunque con control inhibitorio en desarrollo, es un factor crucial a considerar. Para Clavero, la intervención temprana es fundamental, y postergarla hasta los 16 años no es una forma de protección, sino una llegada tardía que impide abordar las problemáticas subyacentes.

Coherencia institucional y firmeza estatal

En cuanto al marco normativo, Clavero aclara que la Convención sobre los Derechos del Niño no prohíbe establecer edades de imputabilidad menores a las vigentes en la Argentina, pero exige un "sistema especializado", "garantías reforzadas", medidas socioeducativas y la privación de la libertad como "último recurso". En este sentido, insiste en que el reclamo social se centra en la "coherencia institucional" y en un Estado que intervenga "con firmeza", pero también "con inteligencia", con equipos interdisciplinarios y seguimiento real.

Clavero destaca la necesidad de coherencia institucional y una intervención estatal firme e inteligente, con equipos interdisciplinarios y un seguimiento efectivo de los casos. El magistrado insiste en que la sociedad demanda respuestas concretas y una actuación decidida por parte del Estado frente a delitos graves cometidos por menores.

Ciencia no es excusa para la inacción

En el tramo final de su análisis, el juez Clavero critica las posiciones que, a su juicio, obstaculizan los cambios necesarios en el sistema de imputabilidad juvenil. Afirma que la Argentina necesita una discusión madura, sin consignas fáciles ni miedos paralizantes, y que el Estado no puede "mirar para otro lado" cuando un menor comete un delito grave. Para Clavero, "la ciencia no es excusa para la inacción".

El juez concluye su análisis con un llamado a la acción, instando a un debate constructivo y sin temores que permita abordar de manera integral la problemática de la imputabilidad juvenil. Clavero subraya que el Estado tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y determinación frente a delitos graves cometidos por menores, sin recurrir a excusas basadas en argumentos científicos simplificados.