En medio del conflicto que atraviesa a la Policía santafesina en los últimos días, el Gobierno provincial anunció este miércoles una serie de medidas orientadas a normalizar el servicio, recomponer el vínculo con la fuerza y atender los reclamos salariales que calificó como “válidos y atendibles”.

Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, brindaron una actualización del escenario tras las protestas que incluyeron manifestaciones de agentes en actividad, jubilados y familiares en distintas ciudades de la provincia.

Cococcioni aseguró que, pese a la tensión generada, “la seguridad pública nunca se resintió” y sostuvo que en Rosario —epicentro de la crisis— la operatividad de la Unidad Regional II se mantuvo en torno al 90 %, con todas las incidencias atendidas y sin hechos graves vinculados al conflicto. Según afirmó, la ciudad “recupera su normalidad operativa”.

Uno de los puntos más sensibles había sido el pase preventivo a disponibilidad de al menos una veintena de efectivos. El ministro explicó que esa decisión administrativa “se tomó para ordenar el marco de la negociación y no como una sanción definitiva”. Con la apertura de un canal de diálogo formal concretado el martes por la noche, la provincia dejó sin efecto esa medida y solicitó la reincorporación inmediata al servicio.

“A quienes fueron notificados de medidas administrativas les pedimos que se presenten, tomen su arma y su chaleco y se reincorporen de manera inmediata al servicio ordinario de la Policía de Santa Fe”, precisó Cococcioni, marcando el cierre de la instancia preventiva.

El funcionario reconoció que existe un “personal muy resentido” por la sobrecarga laboral y las tensiones acumuladas en los últimos años, y planteó la necesidad de una respuesta integral del Estado. En ese marco, recordó que se reforzaron programas de salud mental, se implementaron mejoras económicas y se otorgaron beneficios vinculados a transporte y alojamiento.

“No hay ningún tipo de mella en el aprecio, el respeto y el agradecimiento que tenemos hacia nuestras fuerzas de seguridad”, enfatizó el ministro, y dejó abierta la posibilidad de un tratamiento diferencial respecto del resto de la administración pública en materia salarial.

Piso salarial atado a la canasta básica

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció una medida concreta con impacto directo en los haberes: todo el personal del escalafón general de seguridad y del servicio penitenciario que cumpla jornadas de 48 horas o más tendrá garantizado un ingreso no inferior al valor de la canasta básica para un hogar tipo que publica mensualmente el Indec.

La decisión implica una reasignación de recursos provinciales con foco en los rangos subalternos, donde se concentran los salarios más bajos. Según explicó Olivares, el objetivo inmediato es que “ningún agente quede por debajo de la canasta básica” y, en una segunda etapa, avanzar en una jerarquización que reconozca responsabilidades y funciones.

El anuncio se da en paralelo al inicio de las paritarias estatales y en un contexto político atravesado por el reclamo policial, que puso en tensión la política de seguridad provincial. Con estas definiciones, la Casa Gris busca descomprimir el conflicto, sostener la operatividad y enviar una señal hacia el interior de la fuerza en un momento sensible.