Un nuevo avance judicial contra el juego ilegal en el departamento General López concluyó con dos condenas e imputadas en prisión. La investigación, encabezada por la fiscal Mayra Vuletic (foto) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), permitió desmantelar parte de una red de apuestas no autorizadas que operaba en las localidades de Venado Tuerto, Villa Cañás y Santa Isabel, procedimiento en el cual se lograron incautar 14 millones de pesos durante los allanamientos.

Resoluciones judiciales y penas acordadas

La Justicia de Venado Tuerto homologó acuerdos abreviados para dos de las involucradas, mientras resolvió la situación procesal de una tercera imputada. Carla Celeste Giménez, de 30 años y oriunda de Villa Cañás, fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional. Se la responsabilizó como autora del delito de explotación, administración, operación y organización de juego clandestino, además de coautora de amenazas calificadas por ser coactivas.

En tanto, Zulma Mónica Rodríguez, de 54 años y con domicilio en Venado Tuerto, recibió una condena idéntica de tres años de prisión condicional por el delito de juego clandestino, causa que se había iniciado a partir de una denuncia anónima efectuada en mayo pasado. Ambas recuperaron su libertad tras asumir compromisos bajo reglas de conducta por tres años, que incluyen fijar residencia, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse de operar en plataformas de apuestas no homologadas por la provincia y evitar la comisión de nuevos delitos.

La operatoria y los aprietos por deudas

Según la hipótesis de la fiscalía, las involucradas cumplían distintas funciones dentro de una estructura dedicada a vender créditos virtuales, recaudar dinero y transferir las ganancias hacia niveles superiores que aún no han sido identificados. Giménez y Rodríguez se desempeñaban como "cajeras", encargadas de la oferta de fichas y cargas virtuales.

En el caso de Giménez, la investigación detalló un hecho violento registrado el 20 y 21 de junio pasados. Junto a otra persona, amedrentó mediante redes sociales y en el propio domicilio a una víctima identificada como Mariana P., en Villa Cañás. La exigencia era el pago de un millón de pesos por deudas de juego online, llegando a amenazarla con incendiar su vivienda si no saldaba el monto.

Financiamiento y destrucción de evidencia

Por otro lado, la situación de P. B. H., domiciliada en Santa Isabel, resultó sustancialmente distinta, ordenándose su prisión preventiva por el plazo de 30 días. La fiscalía le atribuye un rol de financiamiento en la organización, al realizar transferencias de importantes sumas de dinero hacia la cajera Giménez.

A su situación sumó una gravedad procesal cometida durante los operativos de la fuerza policial: el pasado 24 de julio, durante el allanamiento en su propiedad, la imputada arrojó su teléfono celular al piso inutilizándolo para impedir el acceso a la información guardada. Ante esto, fue imputada como coautora de juego clandestino y autora del delito de violación de medios de prueba.