La investigación sobre un presunto circuito ilegal de desguace y comercialización de autopartes descubierto esta semana en la ciudad de Venado Tuerto tuvo un nuevo y decisivo capítulo con la realización de la audiencia imputativa y de medidas cautelares en los Tribunales locales. En ese marco, la Justicia otorgó la libertad condicional a Sergio G., el comerciante e investigado como propietario de los establecimientos involucrados, tras alcanzar un acuerdo entre las partes que incluyó el pago de un cuantioso embargo y un severo conjunto de reglas de conducta.

El caso, que causó un enorme impacto en la región sur santafesina, está a cargo del fiscal Iván Gastón Raposo, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Durante el acto procesal, el funcionario judicial imputó formalmente a Sergio G. como presunto autor de los delitos de comercialización y almacenamiento ilegal de autopartes usadas, en violación estricta a la Ley Nacional 25.761, en concurso con el delito de encubrimiento. Asistido por su abogada defensora, Ana Regidor, el imputado hizo uso de su derecho constitucional de abstenerse de declarar. Tras el entendimiento entre la fiscalía y la defensa, el juez Leandro Martín homologó las medidas que le permitieron al acusado abandonar la detención.

Los delitos atribuidos y las pruebas acumuladas

La acusación formulada por el fiscal Raposo se sustenta en un exhaustivo trabajo desplegado por la Policía de Investigaciones (PDI) a partir de inspecciones, allanamientos y peritajes realizados el pasado martes 28 de julio. La hipótesis judicial sostiene que el imputado operaba una estructura clandestina mediante la utilización de depósitos no habilitados situados sobre la calle Suipacha al 50 y el inmueble de Suipacha al 60. En estos lugares se acopiaban y desarmaban vehículos dados de baja o de procedencia sospechosa mediante cortes con herramientas autógenas para extraer piezas y venderlas de manera irregular, careciendo de las obleas identificatorias obligatorias.

Durante los procedimientos se secuestró un cuantioso volumen de evidencia, entre los que destacan una motocicleta BMW R1200, una camioneta Toyota Hilux blanca y dos camionetas Dodge RAM 2500, además de decenas de cajas de cambios, chasis cortados (uno de ellos alterado bajo la modalidad conocida como “ventana”) y 48 motores. Las pericias revelaron que varios de estos propulsores presentaban numeraciones adulteradas, limadas o apócrifas, duplicaciones de codificaciones entre distintos elementos y, en al menos uno de los casos, un pedido de captura vigente por haber sido robado. Asimismo, en una de las unidades inspeccionadas, se detectó que el soporte de la identificación del motor estaba intencionalmente corroído.

Estrictas medidas y una fianza en dólares

Pese a la gravedad de las imputaciones, la fiscalía y la defensa acordaron que el imputado afronte el proceso penal en libertad, decisión que fue ratificada por el juez Leandro Martín imponiendo severas restricciones. Para garantizar su sujeción al proceso, Sergio G. deberá constituir en un plazo de 30 días una fianza de 15.000 dólares en carácter de embargo. Asimismo, estará obligado a presentarse semanalmente en la sede del MPA para acreditar su arraigo, fijar domicilio, abstenerse de consumir estupefacientes, no abusar del alcohol, no portar armas y tiene estrictamente prohibido salir del país.

El magistrado también le prohibió de manera absoluta ingresar al inmueble clausurado de la calle Suipacha al 60, como así también manipular, mover, ocultar o comerciar cualquiera de los vehículos y autopartes secuestrados en el lugar. A su vez, se le suspendió la facultad de ejercer cualquier actividad ligada al despiece, acopio o venta de repuestos hasta tanto obtenga las habilitaciones exigidas por ley, y se le fijó la prohibición expresa de tomar contacto con los peritos verificadores que participan en la causa.

Un apellido con historia judicial en la ciudad

El avance de esta causa volvió a poner bajo la lupa un apellido con fuertes antecedentes en el ámbito judicial de Venado Tuerto. Sergio G. es el mismo civil que estuvo implicado en la resonante investigación de 2005 por un desarmadero clandestino que también funcionaba sobre la calle Suipacha. Aquel histórico expediente, que sacudió a las instituciones locales, derivó en el procesamiento de varios efectivos policiales e investigaba una presunta red de desguace de vehículos robados.

Aunque aquella causa de 2005 culminó años más tarde con la condena de siete policías por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, la figura de asociación ilícita fue descartada por la Justicia y la imputación por encubrimiento agravado que pesaba sobre el civil terminó prescribiendo. Por esa razón, Sergio G. no registra condenas en su planilla de antecedentes penales. Hoy, más de dos décadas después de aquel sonado caso, una nueva investigación judicial vuelve a situarlo en el centro de la escena por la presunta reducción y venta ilegal de autopartes.