En la ciudad de Venado Tuerto, Víctor Mario Fuentes ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por su implicación en un incidente de disparo durante un conflicto familiar. La sentencia, dictada por la jueza Andrea Cavallero (foto), se produce tras un procedimiento abreviado en el que Fuentes reconoció los hechos y su responsabilidad penal.

Un altercado con consecuencias graves

El suceso tuvo lugar el 5 de marzo de 2026, en una vivienda de la calle Pedro Iturbide al 1300. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, Fuentes llegó al lugar con su pareja y una pistola Bersa Thunder calibre .40, oculta en un trapo. Durante una discusión familiar, el hombre extrajo el arma y efectuó un disparo que impactó en una pared. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el incidente provocó un gran temor entre los presentes, quienes abandonaron el inmueble.

La celeridad de la investigación

Tras el llamado al 911, el fiscal coordinador Iván Raposo, junto con la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca, iniciaron una rápida y exhaustiva investigación. Se tomaron medidas para preservar la escena, se secuestró evidencia balística y se reconstruyó el recorrido del arma. La hija del condenado entregó voluntariamente la pistola horas después, explicando que su madre le había pedido que guardara un bolso que contenía el arma. La pericia balística confirmó que la pistola funcionaba correctamente y era apta para disparar, y el informe registral reveló que, aunque el arma estaba a nombre de Fuentes, su autorización como legítimo usuario había caducado en 2016. Esta contundente evidencia permitió a la fiscalía acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado, facilitando el acuerdo abreviado y evitando un juicio oral.

Prisión efectiva y un mensaje claro

La condena impuesta a Fuentes lo declara culpable de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil condicional y abuso de armas, ambos en concurso real. Además de la pena de prisión efectiva, la jueza Cavallero dictaminó una inhabilitación especial por siete años y el decomiso de la pistola, el cargador, las municiones y demás elementos relacionados con la investigación. El fiscal Raposo enfatizó la gravedad de utilizar un arma en este tipo de situaciones, destacando el trabajo conjunto con Larisa Barucca y el personal policial para asegurar una investigación seria, rápida y sostenida en evidencia concreta.

Esta resolución judicial envía un claro mensaje sobre las consecuencias de la portación ilegal de armas y el abuso de las mismas en conflictos domésticos.