Un reconocido empresario agropecuario de Venado Tuerto quedó detenido en las últimas horas en el marco de una compleja investigación judicial que trasciende las fronteras de la región debido a la magnitud de los montos económicos involucrados y a la cantidad de damnificados perjudicados. La detención del imputado se concretó tras un amplio despliegue policial y judicial, luego de que los organismos intervinientes coordinaran un operativo simultáneo con la meta central de reunir material probatorio clave para sostener la causa. La fiscalía analiza una serie de transacciones comerciales que superarían holgadamente los 1300 millones de pesos, considerando la suma entre cheques rechazados e inusuales maniobras de compraventa de ganado.

Operativo simultáneo

El procedimiento contó con la ejecución de nueve allanamientos que se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos neurálgicos de la ciudad. Las medidas alcanzaron domicilios particulares, oficinas administrativas y sedes operativas directamente relacionadas con las distintas sociedades comerciales bajo sospecha. Durante los registros, el personal interviniente logró secuestrar una importante cantidad de documentación comercial y societaria, libros contables, dispositivos electrónicos, contratos, títulos valores y otros elementos catalogados de alto valor interpretativo para la investigación.

La articulación en simultáneo de los allanamientos respondió a una estrategia operativa previa ideada por la fiscalía para preservar en su totalidad la integridad de la prueba, evitando de esa manera probables pérdidas, alteraciones o destrucción deliberada de archivos y registros físicos o informáticos. En el despliegue de campo tomaron parte activa miembros de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), agentes especializados del Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC) y efectivos policiales pertenecientes a la División Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe.

Estafa en el sector ganadero

El acusado fue identificado formalmente mediante sus iniciales, Roberto Aníbal B., de estrecha relación con el manejo operativo de una importante e influyente firma del rubro agropecuario asentada en Venado Tuerto. Tras concluir las actuaciones en el terreno, el hombre quedó inmediatamente puesto a disposición formal del sistema de Justicia. No obstante, desde el fuero judicial recordaron que la atribución delictiva formulada hasta el momento mantiene carácter de imputación provisoria, y la situación del investigado será analizada durante las próximas audiencias correspondientes, respetándose plenamente la garantía constitucional del principio de inocencia.

La causa judicial está encabezada por la fiscal adjunta Larisa Barucca, en coordinación directa con el fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos del MPA con sede en Venado Tuerto, Iván G. Raposo. Durante varios meses de trabajo minucioso, el equipo fiscal abordó un exhaustivo análisis documental, bancario, societario y comercial. Ese entramado investigativo permitió reconstruir el camino seguido por los animales y evaluar los flujos de dinero, entrecruzando información reservada provista por entidades bancarias, organismos públicos fiscalizadores y registros del sector mercantil.

Cheques sin fondo y entregas incobrables

La principal hipótesis elaborada por la fiscalía sostiene que los hechos habrían comenzado a tomar fuerza en marzo de 2025. En esa fecha, el empresario habría concretado un acuerdo comercial con un grupo de productores para adquirir alrededor de 360 cabezas de ganado, fijando una suma económica superior a los 271 millones de pesos. Si bien los animales fueron efectivamente retirados y entregados según lo pactado, los valores librados mediante cheques para saldar el compromiso pecunario terminaron siendo rebotados por la entidad financiera de origen por falta sistemática de fondos.

Lejos de llegar a un acuerdo o solucionar el escenario financiero planteado, la maniobra derivó en renovadas promesas. Frente a los incipientes y lógicos reclamos formulados por las víctimas, desde la administración del imputado habrían emitido nuevos cartones bancarios que tampoco pudieron ser hechos efectivos. A lo largo de las semanas y meses siguientes, el investigado habría continuado con la entrega paulatina de más instrumentos financieros hasta alcanzar la cifra de 37 cheques, sin que en ningún momento la deuda original fuera saneada o saldada.

Promesas incumplidas y nuevas maniobras

La investigación no se detiene en la transacción inicial. La fiscalía detectó que la presunta maniobra defraudatoria sumó un nuevo capítulo en agosto de 2025, momento en el que el imputado habría vuelto a proponer una importante operación por otras 200 cabezas de ganado. En ese contexto particular, una de las víctimas, buscando resguardar el vínculo o cerrar deudas pendientes, habría llegado a entregar cheques por un monto estimado de 100 millones de pesos. Sin embargo, la hacienda comprometida en ese trato contractual jamás fue puesta a disposición del comprador ni entregada en destino.

Según sostiene la teoría del órgano acusador, este abanico de operaciones irregulares se habría ejecutado valiéndose deliberadamente de la estructura empresarial consolidada, la trayectoria en el mercado y la apariencia formal de solvencia comercial que proyectaba la firma ligada al investigado. Esa sólida imagen corporativa habría servido como un fuerte elemento generador de confianza entre los productores damnificados, motivándolos a entablar y sostener las tratativas de compraventa.

Volúmenes millonarios bajo la lupa

El trabajo de recopilación probatoria acumula informes confeccionados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), registros de balances de movimientos de cuentas corrientes bancarias y un número significativo de operaciones financieras. Los sabuesos contables determinaron que en una sola de las cuentas bajo la lupa se detectó el rechazo masivo de 172 cheques por falta de cobertura. De ese total global, aproximadamente 159 títulos valores fueron emitidos entre los meses de enero y agosto de 2025, sumando una cifra que supera ampliamente los 982 millones de pesos.

Todo el material documental e informático secuestrado a lo largo de las distintas medidas dispuestas en los procedimientos será oficialmente incorporado a la causa principal para someterse a análisis técnicos en las etapas posteriores del proceso penal. El expediente judicial continuará el trayecto previsto con la concreción de las audiencias imputativas e imputaciones formales, momentos en los que se evaluará el compendio de evidencias recopiladas y la Justicia determinará las medidas cautelares sobre la situación procesal y la libertad del empresario detenido.