Ulises Sebastián Luna, de 20 años, fue condenado en los tribunales de Melincué tras admitir su responsabilidad en la comercialización de estupefacientes al menudeo y un episodio de amedrentamiento con arma de fuego. La causa derivó además en una investigación paralela sobre un menor de edad.
La Justicia de la provincia de Santa Fe dictó una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo contra Ulises Sebastián Luna, un joven de 20 años acusado de dedicarse a la venta de estupefacientes bajo la modalidad de microtráfico en la ciudad de Firmat. La resolución judicial incluyó también la sanción por un hecho previo de intimidación en el que el imputado empleó un arma de fuego para amenazar de muerte a otro hombre durante un altercado familiar o vecinal.
El fallo fue convalidado por la jueza Silvina Marinucci durante una audiencia llevada a cabo en la sede de los tribunales de Melincué. La condena se unificó mediante la modalidad de juicio abreviado, luego de un acuerdo alcanzado entre la representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de la fiscal Ana Belén Stampella, y la defensa técnica del acusado. Con esta sentencia, se dio cierre a un legajo que se encuentra formalmente encuadrado dentro de los Objetivos Priorizados definidos por la Fiscalía General en el marco de su Plan de Persecución Penal para combatir el delito complejo y el narcomenudeo en el territorio provincial.
Una discusión violenta y el posterior registro policial
El origen de las actuaciones judiciales se remonta al domingo 17 de mayo de este año, cuando se registró una fuerte discusión en un inmueble situado en el barrio Centenario de la ciudad de Firmat. De acuerdo con las precisiones brindadas por la fiscal Stampella durante el proceso, Luna mantuvo un altercado verbal con un hombre en dicha propiedad —donde el agresor residía en aquel momento— y la disputa escaló rápidamente de tono hasta que el condenado amedrentó de muerte a la víctima empuñando un arma de fuego.
A raíz de la denuncia radicada por el episodio de intimidación, la fiscalía puso en marcha una investigación penal orientada a recabar evidencias sobre el incidente y disponer las medidas de rigor. En ese contexto, se solicitó formalmente una orden de allanamiento para la finca ocupada por el sospechoso, con la finalidad prioritaria de proceder al secuestro del armamento utilizado en las amenazas y concretar la detención del imputado.
El operativo de irrupción fue concretado por personal policial pocos días después de la agresión. Si bien durante la inspección de las dependencias de la vivienda las fuerzas de seguridad no lograron dar con el arma empleada en el hecho inicial, el registro del inmueble sacó a la luz una serie de elementos que revelaron la existencia de un punto de venta de sustancias ilícitas que funcionaba en la misma propiedad.
Evidencias de microtráfico secuestradas en la vivienda
Durante el procedimiento de registro, los agentes actuantes hallaron y decomisaron múltiples pruebas vinculadas directamente a la comercialización de estupefacientes en pequeña escala. Entre el material incautado por las autoridades figuraban envoltorios con marihuana listos para su distribución, una bolsa que contenía restos de cocaína, una balanza de precisión utilizada para el fraccionamiento de las dosis, diversos aparatos de telefonía celular y una suma no especificada de dinero en efectivo expresada en billetes de baja denominación, una característica típica del cobro en el menudeo callejero.
Frente a este escenario, Luna fue aprehendido de inmediato en el lugar y puesto a disposición de la Justicia. Con posterioridad, los peritajes técnicos e informáticos realizados sobre los teléfonos celulares secuestrados aportaron datos concluyentes que confirmaron las sospechas de los investigadores. El análisis del contenido digital de los dispositivos permitió constatar conversaciones, registros de transacciones e información contundente sobre la actividad continuada de venta de drogas que el imputado desarrollaba en el sector.
En forma paralela, el procedimiento policial expuso la presunta participación o involucramiento de un adolescente que convivía con Luna al momento de llevarse a cabo el allanamiento. Debido a la minoría de edad de esta segunda persona, la situación procesal del joven quedó desglosada del legajo principal y pasó a ser tramitada ante la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), organismo que mantiene abierta una investigación específica para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.
Asunción de culpa y cierre mediante procedimiento abreviado
Ante la contundencia de los elementos probatorios reunidos por la representación del Ministerio Público de la Acusación, Luna optó por no prolongar las etapas del debate oral y público y acordó la finalización del proceso mediante el mecanismo de juicio abreviado. Durante la audiencia formal, el joven asumió de manera explícita su responsabilidad penal en calidad de autor de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego —a pesar de no haberse hallado el dispositivo en el registro— en concurso con la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Asimismo, el imputado y su abogada defensora manifestaron su plena conformidad con la calificación legal de los acontecimientos formulada por la fiscalía, ratificaron el monto de la pena fijado en cuatro años de prisión efectiva y aceptaron la modalidad impuesta para su cumplimiento en un establecimiento penitenciario. Tras evaluar el cumplimiento de todos los requisitos de admisibilidad legal y verificar el consentimiento informado del acusado, la jueza Silvina Marinucci homologó el acuerdo suscrito por las partes y dictó la correspondiente sentencia condenatoria.
