Tras una investigación coordinada desde Venado Tuerto, la Justicia aplicó la máxima medida cautelar contra la pareja acusada de encabezar una red delictiva regional. La banda actuaba con extrema violencia, mantenía cautivos a los conductores en el baúl de un auto y trasladaba las unidades hacia Córdoba para desarmarlas. Durante la audiencia, los imputados confesaron los hechos.

Golpe judicial y admisión de culpa

En una jornada bisagra para la seguridad pública regional, la sala de audiencias de los Tribunales de Venado Tuerto fue escenario este martes de la audiencia imputativa y cautelar en la que se definió el futuro procesal de la cúpula de una peligrosa organización criminal. A pedido formal de la fiscal Mayra Vuletic, la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Mariana Vidal, dispuso la prisión preventiva sin plazo para Marcelo Christian S. y Carmen Lidia A. Ambos fueron imputados formalmente por ser los jefes y organizadores de una asociación ilícita abocada al asalto metódico de transporte pesado sobre las rutas del centro del país y a la privación ilegítima de la libertad agravada de sus conductores.

El impacto del trámite judicial escaló a niveles decisivos cuando, durante el desarrollo de la audiencia y acorralados por la contundencia del material probatorio reunido por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ambos imputados admitieron de forma explícita la autoría de los graves hechos atribuidos. Con esta confesión y el plexo probatorio acumulado, la magistrada ratificó la medida cautelar de máxima severidad para evitar riesgos procesales, desmantelar la logística de la red y brindar respuesta a una cadena de atracos que mantenía en vilo a las empresas de transporte de cargas generales en toda la provincia.

La resolución judicial se concreta diez días después de que la pareja fuera apresada en un estratégico control vial interprovincial. El arresto de ambos sospechosos se consumó el pasado sábado 19 de septiembre en el puesto policial del Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis, en la entrada a la ciudad de Paraná, Entre Ríos. La captura fue el resultado directo de un minucioso trabajo de inteligencia articulado entre la Justicia santafesina y las fuerzas de seguridad entrerrianas, permitiendo conectar una serie de golpes ejecutados con una violencia inusitada a lo largo del corredor vial santafesino.

Roles definidos en la estructura criminal

Las actas de imputación presentadas por la fiscalía revelaron una arquitectura criminal cuidadosamente planificada, donde los roles estaban nítidamente distribuidos. Según la acusación del MPA, la banda no actuaba de manera improvisada, sino bajo la dirección de una jefatura operativa definida. A Marcelo Christian S. la fiscalía le atribuyó directamente el rol de “jefe y organizador” de la estructura. Las evidencias señalan que era él quien determinaba los lugares de la ruta donde se ejecutarían las intercepciones, seleccionaba minuciosamente los camiones y cargamentos objetivo, establecía la modalidad violenta para someter a las víctimas, definía los recorridos de escape, coordinaba los puntos de liberación de los rehenes y estipulaba el destino final de las pesadas unidades sustraídas para su desguace o reventa en el mercado negro.

Por su parte, a Carmen Lidia A. la fiscalía le atribuyó haber cumplido una función imprescindible de contención logística y apoyo táctico. La acusación determinó que actuaba principalmente como la conductora del automóvil Fiat Cronos blanco utilizado en cada uno de los procedimientos delictivos. Su tarea consistía en acompañar a los camiones robados a modo de vehículo de alerta para detectar controles policiales en la ruta, además de ser la encargada de trasladar en el coche a los choferes privados de su libertad durante extenuantes horas, conduciéndolos hacia zonas rurales recónditas donde finalmente eran abandonados a su suerte en plena noche.

Cautiverio y terror en la carretera

El accionar del grupo destacaba por su nivel de logística, frialdad y un ensañamiento sistemático contra los trabajadores del transporte. La modalidad repetida por la organización consistía en emboscar a los camiones cuando los conductores disminuían la velocidad o se encontraban estacionados sobre las banquinas de las rutas nacionales 33 y 34 para descansar o inspeccionar sus unidades. En ese instante, los delincuentes irrumpían con extrema violencia física para reducir a las víctimas a golpes y maniatarlas con precintos plásticos en manos y pies.

Una de las particularidades más aberrantes de la metodología empleada radicaba en el cautiverio posterior de los camioneros. Lejos de liberarlos inmediatamente, los encerraban en el baúl del Fiat Cronos utilizado por la banda para desplazarse. Con las víctimas totalmente incomunicadas e inmovilizadas —a quienes en varias ocasiones les colocaban anteojos con los vidrios pintados de negro y telas sobre el rostro para desorientarlas por completo—, los asaltantes los trasladaban durante trayectorias errantes que duraban entre 8 y 10 horas. Mientras la banda desenganchaba los acoplados y retiraba los dispositivos de rastreo satelital de los camiones, los choferes permanecían encerrados en condiciones inhumanas. Finalmente, eran abandonados en parajes rurales desolados de localidades como Landeta, Villa Josefina o Tortugas, viéndose obligados a caminar durante kilómetros en la oscuridad para solicitar auxilio.

Raid delictivo y la ferocidad en Sanford

La investigación acumulada por el MPA comprende cuatro robos consumados y una tentativa de atracamiento, todos unidos por una misma matriz delictiva:

* 28 de julio (Venado Tuerto): el primer hecho documentado ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 33 y República de Irlanda, donde interceptaron un Scania P310. El chofer fue reducido y trasladado en el Fiat Cronos durante diez horas antes de ser liberado en Landeta. El acoplado fue dejado en la zona urbana de Venado Tuerto y el tractor fue conducido hacia la provincia de Córdoba.

* 14 de agosto (Salto Grande): el segundo episodio se registró sobre la Ruta Nacional 34. Sustrajeron un Mercedes Benz Atron 1624 tras retirarle los rastreadores satelitales instalados en la cabina. El conductor fue retenido y trasladado hasta las inmediaciones de Tortugas, donde lo abandonaron tras más de diez horas de cautiverio.

* 2 de septiembre (San Vicente): el tercer golpe ocurrió cerca del peaje de la Ruta 34. Interceptaron un Scania G340, desengancharon el acoplado en Cañada Rosquín y trasladaron al chofer en el auto de la banda para liberarlo en Villa Josefina, en las afueras de Frontera.

* 15 de septiembre (Sanford): el caso que aceleró de forma determinante los pedidos de captura debido a su inusitada ferocidad. Cuatro integrantes de la banda destrozaron los cristales de un Scania G410 Streamline y golpearon salvajemente al chofer en la cabeza utilizando un martillo. Luego de colocarle anteojos oscurecidos y una bolsa en la cabeza, desengancharon el semirremolque térmico en Firmat y escaparon con el tractor. El trabajador fue liberado tras ocho horas de encierro en un campo de Landeta.

* Tentativa previa (Villada): a Marcelo Christian S. se le atribuye además un ataque ocurrido el 19 de febrero sobre la Ruta 33, donde junto a dos cómplices abordó violentamente a un camionero que logró resistir el asalto y escapar.

Evidencias clave y persecución de prófugos

La caída de los sospechosos y la consolidación del caso fueron posibles gracias a un trabajo técnico encabezado por el Grupo de Investigación y Análisis Criminal (GIAC). La fiscal Vuletic incorporó al legajo informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), registros de videovigilancia y una serie de escuchas telefónicas directas autorizadas por la jueza Vidal entre el 2 y el 17 de septiembre. Estos peritajes confirmaron que las líneas telefónicas atribuidas a los acusados —especialmente la perteneciente a Carmen Lidia A.— mostraban un comportamiento conjunto y se activaban en las mismas celdas de cobertura durante el desarrollo de los cuatro robos consumados.

Al momento de la interceptación en el Túnel Subfluvial, cuando la pareja intentaba ingresar a Entre Ríos a bordo del Fiat Cronos blanco, la policía secuestró elementos altamente incriminatorios: herramientas de corte y precisión, un pasamontañas, telas, anteojos adaptados para cegar a las víctimas, tres teléfonos celulares y la suma de $ 2.081.600 en efectivo.

Asimismo, la escala provincial del expediente se logró luego de que el 16 de septiembre la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, hiciera lugar al pedido de acumulación presentado por Vuletic. Esta medida permitió concentrar en la Unidad Fiscal de Venado Tuerto legajos que antes tramitaban dispersos en distintas jurisdicciones. Aunque los cabecillas ya se encuentran tras las rejas, la causa permanece en etapa preliminar. La hipótesis principal sostiene que las unidades robadas eran trasladadas hacia la provincia de Córdoba para ser ocultadas, desarmadas y comercializadas ilegalmente. En tanto, la Justicia mantiene vigentes las órdenes de captura nacional e internacional para dar con el paradero de otros integrantes identificados de la organización, entre ellos los prófugos W. A. V. y D. A. L.