Una red delictiva que operaba con extrema violencia en rutas santafesinas y otras zonas del país sufrió un nuevo revés judicial. La Justicia confirmó la medida cautelar para los dos principales acusados de liderar una asociación ilícita dedicada al robo sistemático de camiones y a la privación ilegítima de la libertad de sus choferes. La decisión consolida el avance de una pesquisa que ya acumula múltiples hechos esclarecidos y pone el foco en la logística criminal utilizada para interceptar, reducir y desviar unidades de gran porte.

Un fallo judicial que ratifica el rumbo de la investigación

La resolución que ratificó la medida restrictiva de la libertad estuvo a cargo del juez de Cámara Leandro Martín, quien respaldó en su totalidad el criterio adoptado previamente por la jueza de primera instancia Mariana Vidal. Con esta decisión, el tribunal desestimó los planteos de la defensa y avaló la continuidad del encierro preventivo para los imputados, identificados como Marcelo Christian S. y Carmen Lidia A., quienes permanecerán tras las rejas mientras avanza la recolección de pruebas.

Durante la audiencia de apelación, llevada a cabo ayer poco después del mediodía, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por la fiscal Mayra Soledad Vuletic, encargada de sostener la gravedad de las imputaciones y el riesgo procesal existente. Por su parte, la asistencia técnica de los sospechosos interpuso argumentos orientados a cuestionar la medida cautelar originaria dictada el pasado 29 de septiembre en los Tribunales de Venado Tuerto. Sin embargo, el magistrado de segunda instancia remarcó la solidez y el dinamismo con el que se viene desarrollando la pesquisa, destacando que, pese al corto período transcurrido desde su inicio formal, los elementos colectados hasta el momento justifican plenamente la vigencia de la prisión preventiva para evitar entorpecimientos o riesgos de fuga.

Modus operandi y una ruta marcada por la violencia

La trama delictiva que investiga la fiscalía no se limita a un hecho aislado, sino que abarca un esquema coordinado de golpes bajo una modalidad específica en distintos puntos del mapa santafesino. Hasta el momento, el legajo fiscal reúne un total de cuatro robos consumados y una tentativa de sustracción de camiones, perpetrados en localidades como Venado Tuerto, Salto Grande, San Vicente y Sanford, además de sospechas sobre episodios similares registrados en otros tramos viales de la región.

El mecanismo operativo de la organización consistía en interceptar los transportes en plena circulación, someter a los conductores mediante agresiones físicas, amenazarlos y maniatarlos para neutralizar cualquier resistencia. Posteriormente, las víctimas eran introducidas en un automóvil de apoyo para ser trasladadas y abandonadas a su suerte en zonas rurales desoladas, mientras el botín pesado era desviado hacia rutas clandestinas. Un ejemplo brutal de este accionar ocurrió el 15 de septiembre sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Sanford, donde un chofer fue interceptado, golpeado con un martillo, encapuchado y privado de su libertad antes de ser liberado horas más tarde en un paraje rural de Landeta. A este episodio se suman otras líneas investigativas que vinculan a la estructura con intentos de asalto previos bajo idénticas tácticas operativas.

Roles definidos dentro de la estructura criminal

La investigación permitió trazar un organigrama claro respecto a las funciones que cumplía cada uno de los involucrados en la asociación ilícita. A Marcelo Christian S. se le endilga la responsabilidad máxima como jefe y organizador de la banda, encargado de la diagramación de los golpes, la selección minuciosa de los objetivos en las rutas y la coordinación de los movimientos logísticos necesarios para concretar las sustracciones.

En paralelo, a Carmen Lidia A. se le atribuye un rol fundamental de soporte operacional y apoyo logístico dentro de la organización. Entre sus tareas principales figuraba la conducción del automóvil particular utilizado tanto para el traslado de los choferes cautivos tras los asaltos como para escoltar y asegurar el trayecto de los camiones robados. La pareja fue interceptada y detenida de manera conjunta el pasado 19 de septiembre, cuando personal policial apostado en el control del Túnel Subfluvial Santa Fe-Paraná los detectó circulando a bordo de un automóvil Fiat Cronos blanco con rumbo hacia la provincia de Entre Ríos. Al verificar los datos en el sistema operativo, los uniformados constataron los pedidos de captura vigentes que pesaban sobre ambos.

Captura en ruta y destino final de la carga robada

El procedimiento de detención en el Túnel Subfluvial no solo permitió poner fin a la circulación de los sospechosos, sino que derivó en el secuestro de elementos de alto interés para la causa judicial. En poder de los imputados se incautaron teléfonos celulares, herramientas de corte y diversos artefactos tecnológicos que habrían sido empleados en la ejecución de los ilícitos, además de una suma cercana a los dos millones de pesos en efectivo.

La hipótesis que maneja la fiscalía sostiene que los camiones sustraídos no eran comercializados de manera convencional, sino que formaban parte de un circuito clandestino de desguace y reducción. Los vehículos pesados eran conducidos hacia la vecina provincia de Córdoba, donde se presume que se los ocultaba en galpones para proceder a su desarme sistemático y a la posterior venta ilegal de sus autopartes en el mercado negro. Mientras la causa continúa su curso procesal con la cúpula tras las rejas, los investigadores no descartan la incorporación de nuevas pruebas y la identificación de otros posibles cómplices que habrían colaborado con las operaciones ilícitas en la región.