Por Darío H. Schueri – Desde Santa Fe
En las cinchadas de la juventud –reproducidas competitivamente en fiestas pueblerinas de antaño y conocidas también como “tira y afloja”- el objetivo era arrastrar al equipo rival hacia tu propio lado hasta lograr que cruce una marca o línea límite trazada en el suelo. El paquete de (modificación) de leyes concernientes a la seguridad enviado por el Poder Ejecutivo en mayo que está tratando Diputados, hoy pareciera ser una cinchada entre radicales y socialistas.
Quizá la exjueza, exvicegobernadora y actual diputada provincial peronista Alejandra Rodenas exageró -o no- al comparar la media sanción de la Ley de Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, con “la punta de un iceberg que oculta males muchos mayores con el paquete de leyes para combatir la inseguridad”, pero ciertamente el debate por una norma que busca básicamente desalentar el robo de celulares (más de 200 por día en Rosario, contó el senador Ciro Seisas) sorprendió por el cariz de subido tono dado en este caso por la oposición en torno de las excesivas facultades, básicamente a la policía, que otorga esta norma, y que justamente con otras disidencias, son el punto neurálgico de las desavenencias entre radicales y socialistas en torno de las megareformas en seguridad que hace cinco meses envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura (diputados) y hoy son objeto de una controversia técnica, ideológica y política.
Un “paquete” que se parece a un presente griego
“El espíritu de la ley no se toca” (la ampliación de facultades a policías y fiscales) insisten desde el Poder Ejecutivo. Desde el PS sostienen que en el gobierno pretenden que el Ministerio de Seguridad se atribuya facultades fiscales, pero también a los fiscales darles facultades de jueces. “Las diferencias no son políticas, sino ideológicas” ilustró un diputado radical el jueves pasado, frustrado porque no se pudo consensuar la redacción del dictamen a tratar en el recinto, después de un cuarto intermedio de la sesión.
Las especulaciones entonces caen por su propio peso: si los socialistas tienen disidencias ideológicas y los radicales no aceptan más cambios que los ya realizados, solo un ingenioso galimatías técnico semántico en los puntos conflictivos -que la oposición no tardaría en descubrir- podría evitar que en Unidos la sangre llegase al río, y este jueves 5 las “herramientas” para seguir combatiendo la inseguridad, que ya a viva voz reclama el gobernador Pullaro, tengan media sanción.
Por más que Lionella Cattalini, la serena e imperturbable diputada socialista encargada de “poner la cara” (tal cual se autodefinió, ¿y reprochara? en la fallida sesión del pasado jueves) haya además dejado en claro que bregará por los “consensos” para que el paquete enviado por el Ejecutivo “desde mayo”, tal cual reprendiera Felipe Michlig y a quien Cattalini le contestó elípticamente, sea sancionado, en los despachos de 3 de Febrero 2649 no dejan de sospechar que el socialismo, además de los reparos técnicos ideológicos del paquete de leyes contra la inseguridad, lo esté sazonando con una conveniente dosis de oportunismo político. Si fuese así, como suele repetir un abogado amigo “ya nos vamos a enterar”.
RIGI y “contra RIGI”
Mientras Maximiliano Pullaro recibía el jueves pasado en La Fluvial de Rosario a la task force política del gobierno nacional, encabezada por la hermanísima Karina Milei, Luis “Toto” Caputto y Diego Santilli, junto a nueve gobernadores, miles de empresarios básicamente industriales metalúrgicos de todo el país (casi medio millar de Santa Fe) y una cuarentena de grandes inversores en minería e hidrocarburos que forman parte del “ecosistema RIGI”, para participar de la primera y por lo visto exitosa megaronda de reuniones RIGI de negocios, paralelamente en el Colegio Maristas la Federación Gremial de Industria y Comercio de Rosario organizaba una “contra cumbre”, para visibilizar el trágico momento por el que atraviesan las pymes del país, con intervenciones dialécticamente recalcitrantes contra lo que ya bautizaron como el “industricidio industrial” causado por Javier Milei.
En esta capital la organización gremial empresaria APYME no es menos expresiva a la hora de enumerar el “desastre” industrial al que está llevando la gestión Milei con sus “nefastas” políticas “anti productivistas”, que el Centro de Estudios Demos (inspirado por el socialismo) se encarga de evidenciar con informes, charlas y conferencias, que tienen en muchos casos como base de datos a organismos estadísticos nacionales, el desolador panorama industrial.
Ingenuos abstenerse: el posicionamiento político de cara al inminente 2027 salta a la vista. Estas organizaciones gremiales empresarias representantes de pequeñas y medianas empresas, enancadas en una innegable realidad de lo que el gobierno nacional considera “cambios de paradigmas mundiales” (que está dejando más empresas de las tasadas a la vera del camino) le asfalta el camino a la oposición peronista para regresar al poder. O en el mejor y más benévolo de los casos, propugnar nuevamente la fallida tercera vía del 2025.
En Rosario la “contra cumbre” se hizo con la presencia del exministro de Mauricio Macri Alfonso Prat Gay, que anda queriendo posicionarse como candidato a presidente.
Maximiliano Pullaro hoy no tiene definido dónde orillar nacionalmente (apoyar a la Libertad Avanza o volver con el experimento Provincias Unidas). Por lo pronto, navega con la proa rumbo a su reelección.
