Los desgraciados sucesos violentos que se vienen produciendo desde hace décadas con epicentro en la ciudad de Rosario, pero con manifestaciones en otros lugares de la provincia y del país, derivados del accionar de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y delitos diversos del crimen organizado, dejando el luctuoso balance de centenares de homicidios por año, exigen una respuesta organizada, responsable y eficaz del Estado nacional —en tanto referimos a su competencia de intervención en delitos federales y en la fiscalización de puertos, aeropuertos y rutas nacionales— y de los estados provinciales, como responsables de los organismos de seguridad en sus distritos. No es con declamaciones oportunistas para la ocasión, ni con sobreactuaciones, ni puestas en escena, sino con la utilización y la acción organizada, inteligente y sostenida de los recursos y herramientas jurídicas, materiales y humanas que los estados tienen legalmente a disposición, que se puede comenzar a transitar un camino de respu stas eficientes. Paralelamente, la magnitud del problema exige un abordaje integral y sistémico de la situación, que además de garantizar la seguridad en la vía pública y en cada uno de los hogares, también exige intervención y control sobre otros aspectos, que van desde la contención social, económica y educativa de los sectores más vulnerables; el cuidado de la salud pública en materia de prevención de adicciones y en atención post traumática de la grave saga de víctimas con secuelas físicas, psicológicas y emocionales, más aquellos estamentos de orden público involucrados que deben formar parte de la solución y han mostrado a lo largo de todo este tiempo falencias, en algunos casos de extrema gravedad; a saber: la profesionalidad y aptitud de la estructura y personal policial, la idoneidad institucional de las diversas jerarquías del poder judicial y del poder legislativo, más un elemento fundamental de esta trama: el seguimiento y control del sistema de lavado de activos financieros derivados de estos ilí itos. Las y los trabajadores, sus familias, y la ciudadanía en general, que ven amenazado de manera cotidiana su derecho al trabajo, su paz social y su legítimo acceso a una vida en sociedad digna, libre y segura, que reclama revertir con urgencia este proceso destructivo y degradante, serán los primeros en acompañar a las autoridades provinciales en su accionar para enfrentar y superar esta situación. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2024 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL