El clima de tensión se palpó en el Palacio de Justicia donde, en horas de la mañana del 3 de septiembre, la Central General de Trabajadores (CGT) emitió un fuerte pronunciamiento en solidaridad con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). La manifestación de los judiciales, que se llevaba a cabo en reclamo de la recomposición salarial adeudada, fue brutalmente reprimida por la Policía Federal bajo el mando de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La CGT, organización emblemática del sindicalismo argentino, no tardó en calificar la actuación policial de “innecesaria”. Según su comunicado, la represión fue desatada sin que existiera provocación alguna por parte de los trabajadores que exigían sus derechos en un acto pacífico, lo que incrementó la indignación entre sus representantes.

“Es indignante que mientras la policía de Bullrich se dedica a reprimir a trabajadores y jubilados, los verdaderos delincuentes caminan libremente por las calles”, denunciaron desde la CGT, criticando así la falta de rumbo en las acciones del gobierno en materia de seguridad y derechos laborales.

Los enfrentamientos dejaron un saldo preocupante de 15 heridos, entre ellos fue reportado el secretario general de UEJN, Julio Piumato. La violencia utilizada, con palos y gases lacrimógenos, ha generado un repudio general en el sector, resaltando la paz con la que tradicionalmente los judiciales han llevado sus reclamos.

Concluyendo su declaración, el Consejo Directivo Nacional de la CGT exigió respuestas de la ministra Bullrich por el manejo de la situación y reafirmó su compromiso de continuar luchando por los derechos de todos los argentinos, insistiendo en que los reclamos deben ser atendidos con diálogo y sin abandonar la lucha pacífica.

En un día marcado por la violencia, la CGT se erigió como defensor de la necesidad de justicia social, reclamando un respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y destacando la importancia de mantener una lucha que promueva el diálogo y el respeto. Este episodio, sin duda, marcará un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno y los sindicatos, que siguen enfrentando desafíos en la búsqueda de condiciones laborales dignas en el país.