Una extensa investigación fiscal ha desentrañado una compleja red de narcotráfico y un sofisticado circuito financiero que involucra a dos empresarios locales, Jorge K. (72) y Ezequiel A. (47). La audiencia imputativa, celebrada ayer en los Tribunales de Venado Tuerto, culminó con la concesión de la libertad provisoria para ambos imputados, pero dejó al descubierto una presunta organización narcocriminal con base en la ciudad, ramificaciones regionales y un esquema financiero meticulosamente diseñado.

Orígenes de la investigación

La investigación se remonta a junio de 2024, cuando un procedimiento policial rutinario derivó en el secuestro de droga, dinero en efectivo, municiones y una serie de anotaciones que, con el tiempo, se revelarían como piezas clave del rompecabezas. En aquel operativo, fue detenido Maximiliano Ríos, alias “Wacho Maxi”, un personaje ya conocido por las autoridades y vinculado al mundo del narcotráfico. Ríos había sido previamente denunciado públicamente por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, lo que marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcomenudeo en la ciudad.

A partir de la detención de Ríos, el análisis exhaustivo de sus teléfonos celulares y la documentación incautada permitió a los investigadores detectar la existencia de una estructura organizada dedicada a la comercialización de estupefacientes a gran escala. La organización, según la acusación fiscal, operaba con una clara división de roles, asignando tareas específicas a cada uno de sus miembros. Había personas encargadas de la distribución de la droga, otras responsables de la recaudación del dinero producto de las ventas, y un tercer grupo dedicado al transporte de la droga y el dinero entre los diferentes puntos de la red. Incluso, se detectó coordinación de actividades desde el interior de unidades penitenciarias, lo que evidenciaba el alcance y la complejidad de la organización.

En el marco de esta investigación, se identificaron múltiples puntos de venta de droga en Venado Tuerto y en otras localidades de la región. Además, se establecieron conexiones con proveedores de la ciudad de Rosario, considerada un centro neurálgico del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Estas conexiones permitían el abastecimiento constante de estupefacientes, asegurando la continuidad del negocio ilícito.

El testimonio clave de las hermanas A.

Un elemento fundamental en la reconstrucción del esquema de narcotráfico fue el testimonio de las hermanas A., cuyas declaraciones detalladas permitieron a la fiscalía reconstruir el circuito completo de la organización. Las hermanas A. describieron minuciosamente el proceso que seguía la droga, desde su recepción hasta su distribución a los vendedores minoristas. También explicaron cómo se realizaba el cobro del dinero producto de las ventas y cómo ese dinero era posteriormente enviado a los proveedores para la compra de nuevos estupefacientes.

Según su testimonio, las órdenes se impartían a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, lo que permitía una comunicación rápida y eficiente entre los diferentes niveles de la organización. Existía un control exhaustivo de las cantidades de droga, los precios de venta y las personas involucradas en cada transacción. Este control permitía a los líderes de la organización mantener un estricto control sobre el negocio y maximizar sus ganancias.

Imputación a Ezequiel A. y el lavado de dinero

La fiscalía imputó a Ezequiel A. por su presunta participación en una de las estructuras investigadas, colaborando con otros individuos en dos organizaciones dedicadas al comercio ilegal de estupefacientes al menudeo en Venado Tuerto y otras localidades aledañas. De acuerdo con la acusación, el rol de Ezequiel A. se centraba en el funcionamiento del circuito financiero de la organización. Se alega que utilizó su agencia de viajes y de cambio local para convertir las ganancias provenientes de la venta de drogas en dólares estadounidenses, los cuales eran posteriormente utilizados para la compra de nuevos estupefacientes. La hipótesis fiscal sugiere que estas organizaciones, con liderazgos diferenciados, operaban con una estructura jerárquica, una clara división de tareas y una continuidad en el tiempo, al menos entre fines de 2024 y abril de 2025, con un mecanismo aceitado que incluía la distribución, la recaudación y la reinversión de las ganancias ilícitas. El fiscal hizo hincapié en el aspecto económico de la investigación, detallando cómo el dinero generado por la comercialización de estupefacientes seguía un circuito definido: pagos en efectivo y transferencias mediante billeteras virtuales, conversión de pesos a dólares en la agencia de Ezequiel A., y posterior envío de esas divisas para la compra de droga. Testimonios e informes ubican a Ezequiel A. como un actor clave en esta operatoria, con control sobre la dinámica de las transacciones y participación directa en el circuito de cambio de divisas.

La participación de Jorge K. 

En cuanto a Jorge K., quien posee vínculos familiares con Ezequiel A., la fiscalía le imputó haber formado parte de una de las organizaciones, con un rol centrado en el apoyo dentro del circuito financiero. Se alega que su participación se relaciona con la colaboración en la obtención y el manejo de divisas extranjeras necesarias para sostener la operatoria de narcotráfico.

La investigación continúa en curso, con el objetivo de determinar el alcance total de la red y las responsabilidades penales de todos los implicados.