La Defensoría del Pueblo expresó este martes su preocupación por los efectos que tendrá en los usuarios de todo el país, y especialmente en los santafesinos, la decisión del gobierno nacional de incrementar el precio de la energía eléctrica mayorista.

Los defensores de todo el país, a la hora de definir las subas, vienen sosteniendo que debería tenerse en cuenta que es un mismo usuario el que debe abonar el costo de la actualización de las tarifas de los distintos servicios públicos.

En la misma línea, el ombudsman santafesino, Raúl Lamberto, recordó que ya en diciembre había solicitado en una carta al Ente Nacional Regulador de la Energía (Enre) que antes de establecer cualquier nuevo aumento en el costo de la energía eléctrica mayorista tuviera “en cuenta la situación de todos los usuarios de la provincia de Santa Fe y sus ingresos”, y le requirió postergar y atenuar “una variación, de modo tal que los usuarios tengan acceso a una tarifa final razonable”.

Esto se debe a que la provincia de Santa Fe no genera energía y la compra al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); de manera que a partir del mes de febrero, momento desde el cual rige totalmente el aumento tarifario en el orden provincial, se sumará además el nuevo aumento en el orden nacional, impactando directamente en los ciudadanos santafesinos.

Desde el organismo volvieron a pedir, como lo viene haciendo desde el comienzo de las audiencias públicas, que a la hora de definir las tarifas de los servicios indispensables, como es el caso de la energía eléctrica, se tengan en la cuenta los criterios de “gradualidad y proporcionalidad” que estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación para estos casos. “Debe comprenderse que al incremento en la energía eléctrica se le suman las subas en los demás servicios y es un solo usuario el que debe hacer frente a ellos. Es por esto que para definir las actualizaciones se hace indispensable tener en cuenta la evolución de los ingresos de las personas y del costo de vida”, remarcaron.