El Dr. Antonio Di Benedetto informó que instará ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, sea a través de recurso de apelación ante la Cámara Penal o ante el propio superior tribunal mediante recurso de queja, las arbitrariedades cometidas por la Cámara Penal de Venado Tuerto en la causa contra el presidente comunal de Melincué, Gabriel Rébora.
“La antijuridicidad y arbitrariedad del fallo es evidente, de allí que no nos quede otra alternativa que presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara. Y si no la acepta, iremos con un recurso de queja en forma directa ante la Corte provincial”, advirtió.
En similar sentido se expresaron dirigentes del PJ de Melincué que expresaron: “La confirmación de la Cámara Penal de Venado Tuerto está viciada de una arbitrariedad política manifiesta. De los camaristas que confirmaron el fallo, tres tienen un vínculo manifiesto con el radicalismo y el FPCyS. Uno de los magistrados era socio del estudio jurídico del senador hasta su nombramiento, otro pertenece al núcleo político de uno de los diputados del FPCyS que no es de Venado Tuerto, y otro es casi un dirigente del Partido Socialista. Quieren proscribir a Gabriel Rébora porque saben que en las urnas volverá a ser elegido por amplia mayoría”.
“No hace falta ser abogado para comprender que detrás de esto existen otras cuestiones”, señaló por su parte el Dr. Antonio Di Benedetto. Y detalló: “Dos dirigentes, máximas autoridades políticas de sus localidades, habilitan bares en sus pueblos. En ambos casos, autoridades policiales en su rol de auxiliares de justicia realizan operativos y plantean que allí se ejercía la prostitución. Los gerenciadores de esos bares, con ardides y engaños, vulneraron la confianza y los controles administrativos. En ambos casos ocurrió igual. Pero uno solo de los funcionarios políticos fue procesado y condenado en primera y segunda instancia. En situaciones análogas, el trato fue uno en un caso y otro en el otro. Aquel al que la justicia ni siquiera procesó es un intendente del FPCyS, radical, Leonel Maximino de Firmat. Al que condenaron fue a Rébora, que es del PJ”, detalló.
“Ambos no tenían responsabilidades, ya que los controles sobre ejercicio de la prostitución y trata no son potestad de los estados locales; sí los controles que tienen que ver con la salubridad y bromatología. En el caso de lo ocurrido en Melincué la Justicia Federal ni siquiera probó que existiera trata ni ejercicio de la prostitución. Y sí lo corroboró en el caso de Firmat. Finalmente, otro elemento pone aún más en evidencia la inquina de determinados actores judiciales para con Rébora: Melincué es cabecera del Departamento General López, y en ese carácter es la sede de la Policía de la Provincia de Santa Fe; y allí están los tribunales provinciales, entre ellos el fuero penal. Hay jueces, fiscales, etc. Ni el jefe de la Policía Departamental ni su cúpula fueron interpelados. Tampoco los funcionarios judiciales. Y sí procesan a Rébora ¿Se le exige a Rébora conocer si existía o no ese delito y no al jefe de la Policía, ni a los jueces y fiscales? Es tragicómico. Por todo ello estamos tranquilos que la resolución a esta serie de desatinos la aportará la Corte Suprema de Justicia de la Provincia”, concluyó.
