Es necesaria la reglamentación de la ordenanza de seguridad eléctrica nº 3901/10 para domicilios particulares, comercios, industrias, colegios y en la vía pública, para disminuir los riesgos de electrocución de las personas y la vida útil de los bienes. Dicha ordenanza, luego ampliada mediante la nº 4098/14, donde se establecían los alcances de los habilitados, nunca se pudo reglamentar por problemas ajenos al espíritu de las mismas.

En Córdoba se promulgó la ley provincial 10.281/17, donde se reglamenta que las instalaciones eléctricas sean realizadas por electricistas habilitados a partir del presente año.

Todo fue originado por el dolor de una madre que pierde a su hijo cuando queda electrocutado en plena ciudad de Córdoba al tocar una reja de una casa vecina que estaba energizada; se trataba de Sandra Meyer, que con semejante dolor pudo crear una fundación llamada Relevando Peligros y logró que se promulgara dicha ley.

En nuestra ciudad se intentó hacer algo parecido, pero debido a situaciones políticas poco entendibles, todo quedó en la nada, dejando de lado que la vida humana sea prioritaria frente a las diferencias caprichosas de quienes tienen la obligación de legislar.

De acuerdo al relevamiento realizado oportunamente en instalaciones domiciliarias, dio como resultado que el 25 % estaban correctamente realizados, el 30 % había que adecuarlos a las exigencias de la AEA para que cumplan dicha reglamentación, el 35 % había que hacer modificaciones importantes y el 10 % restante estaban en pésimas condiciones y era necesario realizar una instalación totalmente nueva, como cambio de conductores, colocación de jabalinas de puesta a tierra y protección diferencial, ya que estaban realizadas con cables telefónicos o del tipo paralelo, sin embutir y colgados de la pared con clavos, y si había fusibles, eran de porcelana a rosca, completamente obsoletos y peligrosos, que podían producir un incendio en cualquier momento. En conclusión, tres de cada cuatro viviendas no cumplen con las exigencias que establece la Asociación Electrotécnica Argentina.

En Jesús María, una ciudad con la mitad de la población de la nuestra, el año pasado hubo 14 accidentes por electrocución, de los cuales dos fueron fatales, y el resto con daños de distinta gravedad; aquí en Venado Tuerto no se tiene registro de los mismos, pero debe ser muy superior a esos datos.

Es para preguntarse si normalmente el vecino sabe en qué condiciones están las instalaciones eléctricas de su lugar de trabajo o de su domicilio, si tiene idea de que la protección funciona normalmente, que la heladera o el lavarropas están con su descarga a tierra por medio de una jabalina verificada. Que los conductores son los establecidos por normas y que fueron instalados por un responsable y no por un comedido, que porque lleva un buscapolo y una pinza se cree un sabelotodo. Al haber personas que realizan trabajos de electricidad sin estar habilitados, se produce una competencia desleal con aquellos que sí lo están y que van a trabajar respetando las exigencias que establecen las normas nacionales.

La vida humana no tiene reemplazo, es nuestra obligación defenderla. No esperemos que haya más muertes por electrocución para pensar qué hacer. Respetemos a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros bienes, que tanto nos cuesta tenerlos y mantenerlos.

Ya hay bastantes casos lamentables de accidentes por electrocución y por incendios, hay que tomar de ejemplo el servicio de gas, que cuando existe un riesgo de escape se produce la interrupción inmediata, y que solo es repuesta cuando se constata que un habilitado solucionó el problema y verificado por personal competente. En el caso de la energía eléctrica, esto no se realiza y cualquiera puede pedir la conexión y poner en peligro a su familia y a la de los vecinos aledaños, como lamentablemente ha ocurrido en más de una oportunidad en nuestra ciudad.

Trabajemos unidos para lograr mejoras en nuestra calidad de vida y la de nuestros semejantes.

 

 Autor: Ing. Daniel Jubillá

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