El fiscal federal de Venado Tuerto Javier M. Arzubi Calvo requirió la elevación a juicio de una causa que incluye a 19 personas acusadas de tráfico y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y la tenencia de armas de fuego en algunos casos.

La investigación incluyó una veintena de allanamientos, incluida la Unidad Penitenciaria nº 6 de Rosario y dependencias policiales de la ciudad de Venado Tuerto: los procedimientos -practicados por la BOA VIII de la Policía de la provincia de Santa Fe- permitieron el secuestro de una cantidad total aproximada de 1,2 kilogramos de cocaína y otros 1,2 kilogramos de marihuana, además de diez armas de fuego, municiones, nueve vehículos, teléfonos celulares, balanzas, dinero en efectivo y otros elementos de acondicionamiento y corte de sustancias estupefacientes.

En el transcurso de la investigación se determinó la existencia de tres organizaciones, que conforme las intervenciones telefónicas, habían dividido la ciudad en distintos territorios, donde cada una de ellas comercializaban estupefacientes. Ese acuerdo no estaba siendo respetado al menos por una de ellas.

El primer grupo estaría compuesto por seis personas, quienes deberán responder por la tenencia del material secuestrado en cuatro domicilios de Venado Tuerto. En concreto, allí se produjo el secuestro de marihuana, una pistola Bersa SA con su respectivo cargador y seis municiones intactas, un Volkswagen Up, dinero, una notebook, un celular y un cuadernillo con anotaciones, entre otros objetos de interés para la pesquisa.

Según la acusación, las organizaciones habían dividido la ciudad en distintos territorios, donde cada una de ellas comercializaban estupefacientes.

Un segundo grupo está conformado por otros tres imputados. En su caso, se requirió el juzgamiento por la droga hallada en dos inmuebles de Venado Tuerto. Finalmente, el tercero sería integrado por diez personas más, una en calidad de organizadora y financiadora, la que se encontraba detenida con anterioridad por causas en trámite ante la justicia provincial. En su caso, los estupefacientes fueron encontrados en nueve viviendas.

En varios domicilios fueron secuestrados los cuadernos donde los integrantes llevaban una minuciosa “contabilidad” y el registro de las ventas, compras y deudas que se generaban, de las que diariamente ponían en conocimiento a quien se encontraba detenido -Álvarez-; él, a su vez, sería quien se ocupaba a través de llamados telefónicos de impartir las directivas para la adquisición, el reparto y la logística del material, y en otras ocasiones se comunicaba en forma directa con los deudores para exigirles de manera violenta el pago o enviaba a los restantes integrantes con el fin de amedrentarlos y obtener el dinero.

El inicio de la causa

La causa comenzó con la denuncia de una persona bajo reserva de identidad, de conformidad a lo dispuesto por la ley 23.737, habiéndose otorgado luego participación al Programa de Protección de Testigos. Allí se aportaron datos en relación con dos hombres como autores de conductas vinculadas con la comercialización de drogas. Paralelamente, la persona denunciante mencionó a un grupo de jóvenes y a esta denuncia se sumaron más de 10 depositadas por distintos vecinos en el “Buzón de la Vida” del edificio municipal de la ciudad.

En el marco de las tareas encubiertas efectuadas por la UESPROJUD “Rosario” y la Seccional Venado Tuerto de la Gendarmería Nacional Argentina durante un período de casi dos meses -entre julio y agosto de 2018- se logró determinar solo los domicilios de los denunciados. Tras ello el fiscal Arzubi Calvo dispuso el cese de la intervención de Gendarmería y designó a la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII de la PDI de Santa Fe, con quienes se desarrolló la pesquisa.

Durante los allanamientos se secuestraron documentos con la “contabilidad” y el registro de las ventas, compras y deudas que se generaban

Tras identificar a más imputados, fue obtenido un video publicado donde uno de ellos refería que se encontraba en Temperley -provincia de Buenos Aires-, y que -momentos antes- según su relato había concurrido a la Villa 1-11-14 en la CABA a“hacer unos mandados". Además, exhibía un plato con varios envoltorios de, presuntamente, cocaína, y a su lado un fajo con dinero en efectivo.

En septiembre de ese año se acumuló otra causa, en la que un hombre de apellido Ponce era sindicado como quien “le arruina la vida a los pibes”. A la presentación fueron agregadas fotografías de aquél realizando maniobras compatibles con la venta de drogas; coincidiendo con aquél que aparecía en el video. Luego fueron obtenidas conversaciones telefónicas, de las que surgían que estaba en deuda con otra persona, Álvarez, por 40 mil pesos a raíz de maniobras delictivas. Esta persona sería el líder de la banda, y con nuevas intervenciones telefónicas se determinaron nuevos integrantes y roles. Una de las escuchas versaba sobre un hecho violento, en la que se reconocía la orden para que un hombre reciba dos tiros en las piernas.

Ante el tenor de las conversaciones se ordenaron los allanamientos en diciembre de 2018, reseñados anteriormente. Las organizaciones se encontraban enfrentadas entre sí, ante la supuesta invasión de las zonas que cada una se había asignado para la comercialización de estupefacientes. Ello determinó un atentado con un arma larga -aparentemente una ametralladora- por parte de dos personas que no fueron identificadas y que se dieron a la fuga en una moto, perpetrado contra el domicilio de una integrante de la banda contraria situado en la zona céntrica de la ciudad, quien se encontraba en prisión domiciliaria por una condena impuesta por la justicia federal rosarina. Ese ataque fue ordenado por otra persona, detenida en la Unidad n° 6 de Rosario.