Por Esteban Stiepovich

La tranquilidad a la que toda comunidad civilizada aspira, está siendo en Venado Tuerto alterada por la delincuencia y el accionar de la actividad narco y la puja por el dominio territorial, su mantenimiento y extensión del negocio. Su violencia en la disputa de territorios manifiesta signos de alarma en distintos barrios, con balaceras que aún no han cobrado una muerte, aunque no alejen la posibilidad de su culminación en hechos luctuosos. La gravedad se acentúa con la versión de fuentes oficiales de detección de un posible atentado al domicilio del intendente Leonel Chiarella, tras la denuncia que éste volvió a poner en evidencia en su discurso de apertura de sesiones en el Legislativo contra el narcotráfico, y los que conceptúa son algunos de los implicados, junto al reclamo de un mayor protagonismo y compromiso en la actuación de los funcionarios judiciales. Una alocución que hizo recordar otros sucesos que conmovieron a nuestra urbe, con balaceras y una bomba molotov a la sede del Ministerio de Acusación Fiscal, despertando acusaciones cruzadas entre la Justicia y el Poder político, teniendo en el medio la intranquilidad de los ciudadanos, que no quieren vivir en el desmadre de la seguridad. Para el vecino el intendente es la autoridad cercana, a la que acude cuando se siente desprotegido. Es así, y está bien, es elegido para hacerse cargo de lo que pasa en su ciudad, pero hay un Estado provincial que no puede estar ausente, porque suya es la mayor responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana. Y hay una Justicia de la que las autoridades reclaman y la gente espera respuestas más tranquilizadoras, ya que la inseguridad se propaga ante la ineficacia de los que tienen que enfrentarla.