Por Esteban Stiepovich 

No suele ser habitual que un intendente sea el que se presente ante un Juzgado Federal en carácter de denunciante y testigo en un juicio, en este caso contra un grupo de vendedores de drogas a los que el Tribunal Oral n.º 3 de Rosario les comprobó su participación en la venta de estupefacientes en Venado Tuerto y localidades del departamento. Una decisión que no es nueva en quien asume este protagonismo, ya que siendo concejal había formalizado la denuncia con nombres y apellidos de las personas supuestamente, en ese entonces, implicadas en el ilícito, denotando una expresa actitud de lucha contra un delito que azota a la sociedad.

Una continuidad, en otro ámbito de actuación, del embate que viene sosteniendo el senador Lisandro Enrico denunciando a las bandas narcos que pululan en el departamento General López, sabedor de las consecuencias dañosas que la existencia y extensión de este flagelo provoca en una población. Esto sin desconocer lo que hoy implica una denuncia de este carácter, el riesgo personal y familiar a que se expone quien la hace, y de la repercusión y el efecto que esto tiene y provoca en el ánimo de una sociedad sobresaltada y en muchos casos angustiada por los sucesos que han tenido y tienen al narcotráfico como el principal detonante.

Siempre será reconfortante para una población que haya funcionarios públicos que transmitan signos generadores de tranquilidad, y más necesario es en un tiempo donde la credibilidad política aparece cuestionada, y la desconfianza en la Justicia anida en la gente. La actitud y decisión de quien conduce el destino de la ciudad es un aliciente. El fallo del Juzgado Federal transmite sosiego y hace sentir que la Justicia también está presente; que la puerta no es siempre giratoria, que es pareja para todos.

Ver que el que delinque paga es reconfortante para el ánimo de una sociedad que siente, sufre y se altera cuando los golpes de la inseguridad sacuden los cimientos de la convivencia.