Por Esteban Stiepovich

Las amenazas de las mafias y el narcotráfico a funcionarios judiciales, como también a instituciones públicas son un signo más de la alteración e intranquilidad que sufre la sociedad. En Venado Tuerto y como continuidad de ello, se ha extendido y manifiesta contra hombres de la política local, de conocido protagonismo en contra del flagelo de la droga que ha invadido a nuestra ciudad y otras poblaciones de la región.

La reciente amenaza al intendente Leonel Chiarella y al senador provincial Lisandro Enrico –tiempo atrás objetos de hechos similares– junto a la fiscal de Melincué Susana Peppino, ha tomado en este caso mayor cuerpo de expresión en la denuncia del propio mandatario local del presunto protagonista del hecho delincuencial y autor de las amenazas, Agustín Díaz, agregando que en la actuación judicial se estableció que es integrante de la banda de Matías Álvarez, preso en Rawson por delitos de narcotráfico, e imputado como uno de los instigadores del homicidio de una mujer baleada en fecha reciente en Firmat. La postura crítica del intendente al procedimiento de líderes de bandas en prisión, que actúan desde la cárcel con absoluta impunidad, se hizo extensiva al gobierno provincial y nacional, como responsables de la conducción de los servicios penitenciarios.

Si bien lo acaecido adquiere mayor dimensión y tiene que preocupar por su gravedad, considerando el carácter público de los amenazados y el presunto origen  de la intimidación, no puede hacer olvidar la sucesión de hechos delictivos de otro carácter que han ocupado y siguen ocupando la crónica diaria, teniendo como víctimas a vecinos de la ciudad. Un estado de inseguridad que puede no conformar aún un índice de alarmismo generalizado en el ánimo de la población, pero sí en quien sufre el robo y las situaciones de violencia que genera, y que hace lógica la espera de respuestas más tranquilizadoras de los que tienen el desafío y la obligación de actuar y resolver.