Por Esteban Stiepovich
El Legislativo local, a través del concejal socialista Nahuel Pasquinelli, reiteró al Gobierno de la provincia el reclamo de solución del pago de salarios de empleados reemplazantes del Hospital Alejandro Gutiérrez; 40 agentes que “aún no recibieron el pago correspondiente, o les han dado una parte, pero congelada de hace unos meses atrás, es decir devaluada, debido al contexto inflacionario”. No menos importante resulta la solicitud de informe, agregada al unísono, sobre pases a planta de empleados que tendrían presuntos vínculos familiares con funcionarios políticos del Ministerio de Salud y figuraría en dos decretos de julio último.
Ante esto Pasquinelli remarca y llama su atención “que el mismo gobierno que les niega pagarles los haberes, por otro lado está pasando a planta permanente a otros que tienen aparentes vínculos familiares con funcionarios políticos provinciales”. Una situación, que de confirmarse, desnudaría a todas luces una decisión arbitraria y una abierta actitud de insensibilidad y desconocimiento de los derechos que asisten a quienes reclaman el pago de sueldos adeudados, “en la mayoría de los casos desde diciembre del año pasado”, argumenta el concejal presentante.
Es dable aclarar que en junio se reiteró el pedido, en razón de que a la mayoría de los afectados le fueron depositados los sueldos de los últimos seis meses a valores históricos y además sufrieron el descuento del impuesto a las ganancias, al percibir el monto en un solo pago y dejándolos con el temor de volver a estar varios meses trabajando sin percibir sus ingresos y sometidos a tensiones y la angustia derivados de la situación.
Todo lo cual nos lleva al momento de inicio del conflicto: el mantenimiento de la tesitura de un Estado que aplica intereses cuando es acreedor, pero no se los reconoce a los que no les paga en tiempo y forma, como en este caso con atrasos significativos en el cumplimiento de sus obligaciones salariales, haciendo que cuando los afectados cobren su plata estará depreciada. O sea, haciendo sentir la vara del Estado sobre el lomo y el bolsillo del asalariado.
