Por Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Todos los periodistas económicos enviados al coloquio de IDEA en Mar del Plata coincidieron en que la convicción del empresariado allí presente fue que Javier Milei no hará lo que todos presuponen que debería hacer. Y que serán ellos los que deberán cambiar de algoritmos si quieren seguir en carrera. Patricia Bullrich domesticó la calle y Guillermo Francos alineó al Congreso.

Las tomas de universidades muy pronto pasarán a ser una imagen excéntrica de sectores ideologizados de izquierda, mientras el presupuesto universitario será discutido donde corresponde: en el Congreso y por los representantes del pueblo que paga sus tributos; pero esta vez con el cuidado de estar bajo la lupa de la sociedad. Una vez más, el Presidente sacó a la superficie lo que se suponía había en el fondo, pero nadie quería tocar.

El rector de la Universidad Nacional del Litoral Enrique Mammarella presentó ante el Consejo Superior un pormenorizado informe sobre las auditorías internas y externas realizadas en los últimos 10 años, explicando las normativas aplicables tanto a las auditorías internas, como a las externas, así como también el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la UNL en el marco de la ley 24.156 de Administración Financiera y las disposiciones normativas vigentes emanadas de la SIGEN adoptadas por esta universidad. 

“Es exactamente lo que voté”, muletilla de las redes

A esta altura ya resulta obsesivamente fastidioso seguir comparando; pero en Santa Fe ocurre exactamente lo mismo con la gestión de Unidos, que ahora va por lo impensable: “modernizar” y “agilizar” la justicia, no solo con la modificación de ocho leyes, sino ir por la cabeza misma del sistema: la Corte Suprema de Justicia, para lo cual el socialismo presentó en sociedad un proyecto de ley para el que pidió dos sesiones de preferencias (hay que compatibilizarlo con otras dos iniciativas que están en Diputados, de Fabián Palo Oliver y Ariel Bermúdez) que pretende esencialmente elevar de seis a siete los miembros del Alto Cuerpo (tal como anticipamos hace varias semanas en estas líneas); además impone que los 75 años de edad sea el límite para dejar automáticamente de ser ministro, y también fija la edad límite para el cargo y el mecanismo de renovación, junto con paridad de género. 

Al día siguiente, el titular de la Corte Rafael Gutiérrez ingresó al Palacio de Tribunales en medio de vítores del personal judicial, que tiene su propio diferendo con el Poder Ejecutivo por la reforma previsional y otras cuestiones administrativas.

El Poder Ejecutivo está empeñado en que más temprano que tarde, tres de los seis miembros de la Corte que no lo hicieron (solamente anunciaron sus retiros Mario Netri y María Angélica Gastaldi, mientras Daniel Erbetta aún está dentro de los plazos) le pongan fecha a sus retiros: Rafaela Gutiérrez, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco. “De todos modos, la sanción de la ley los condicionará”, imaginan en la Casa Gris.

El anuncio socialista de cambios en la composición y funcionamiento de la Corte no contó con la participación del radicalismo (“no vean fantasmas donde no los hay”, advirtieron radicales y socialistas) aunque 48 horas más tarde tuvo que suspenderse una sesión conjunta de ambas Cámaras que iba a suspender por 30 días a un fiscal de San Justo, ante presumibles divergencias entre radicales y socialistas, cuando estaba todo acordado, firmas de dictamen incluidas.

¿Ya comenzó el 2025? “No hagas terrorismo, no pasa nada; está todo bien”, nos sugirió amablemente un enviado del Ejecutivo. 

Lo cierto es que la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García hace una semana “caminó” cuatro departamentos del centro-norte “para escuchar las inquietudes territoriales de cara al presupuesto 2025” argumentó, hecho que tampoco pasó desapercibido en los cenáculos del poder, donde a partir de ahora todo es observado con detenimiento y lentes de aumento. 

Por ejemplo, en los pasillos de “calle Salta” (Municipalidad de Santa Fe) ya no se oculta que el Poder Ejecutivo provincial está mirando ahí las cosas de otra manera.

Sí. El 2025 está comenzando en clave política. Y todavía nadie habla de la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución que, de acuerdo con los dichos de nada más ni nada menos que el presidente de la Unión Cívica Radical Felipe Michlig deberá (no “debería”) estar sancionada antes del 30 de noviembre (seis semanas) donde la posibilidad de reelección del gobernador en ejercicio es un punto crucial, que para el diputado Oliver tiene solución: “reforma abierta; que lo disponga la Asamblea Constituyente” arguye, como si fuera tan sencillo: bastaría que, como en el peronismo, alguien de Unidos pronuncie públicamente la fatídica frase “pero el gobernador actual debe autoexcluirse”(porque juró por una Constitución que no tiene reelección, como dijeron en su momento Obeid y Bonfatti), para que se pudra todo.

Hidrovía: no mirar a nación, sino a Rosario

El gobierno de Javier Milei avanza con una licitación internacional de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresario y sin aval del Estado de la hidrovía en el río Paraná. El dragado y balizamiento lo hará una empresa privada por peaje, como hizo Jan De Nul y Emepa durante 25 años. La licitación debería adjudicarse el año próximo.

En tal sentido, la Secretaría de Transporte de la Nación y la Administración General de Puertos (AGP) firmaron modificaciones clave en el contrato de concesión de la hidrovía Paraguay-Paraná, por donde se exporta el 80 % de los granos del país. Entre esos cambios dispuestos se beneficia al corazón cerealero de Timbúes en el Gran Rosario, pero desalienta la zona del puerto de Santa Fe, que pretendía reactivarse con buques grandes.

El “lobby rosarino” encabezado por su poderosa Bolsa de Comercio, digámoslo con todas las letras, hizo lo suyo: le puso al gobierno nacional sobre la mesa los números que inmediatamente compró. Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados y presidente de ACSOJA, convenció a las autoridades nacionales que dragar el Paraná hacia el norte de Timbúes era “tirar millones de dólares al agua, porque pasa un solo barco por año y eso encarece el costo del peaje para todos”, según declaró a la emisora CNN Fisherton de Rosario, y le puso cifra a la cuestión: 37 millones de dólares; y hasta tuvo palabras casi peyorativas para con el acceso al puerto de Santa Fe.

Según Zubizarreta “hay que soñar con una hidrovía a 40 pies que generaría diez dólares de ahorro por cada tonelada que entra y sale, lo cual iría a parar al “bolsillo de los productores”. La idea de Zubizarreta es trasladar hasta Timbúes y las otras terminales la carga del norte en barcazas, compitiendo inclusive con los puertos de Brasil.

El ministro de la Producción Gustavo Puccini dijo que “esta medida no representa los intereses de Santa Fe ni el modelo de gestión que necesitamos para fomentar el desarrollo de la Región Litoral. Es como si el Estado decidiera explotar solo la mitad de Vaca Muerta. El mercado está pidiendo más calado y duplicar el tráfico en los próximos 30 años”.

El nuevo diseño contractual es toda una premisa política clásica del gobierno nacional de “desburocratizar los procesos administrativos y sentar las bases para la modernización tecnológica”. De hecho, promete avances en señalización, dragado, redragado, batimetrías y mediciones hidrométricas.

El nuevo contrato reorganiza las secciones de la vía, haciendo ajustes que mejoran la navegación y corrigen inconsistencias y que "responden a las demandas del sector agroexportador del Gran Rosario. Es un reclamo histórico", dicen cerca de las cerealeras.

Este lunes habrá una reunión de la Mesa de Entidades Productivas en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, de la cual participarán también sectores políticos. La idea no sería confrontar con Rosario, sino imaginar alternativas a lo que está visto viniendo del gobierno nacional, que es irreversible y no se soluciona con encomiables partes de prensa de tono voluntarista. 

Con Javier Milei el voluntarismo pasó a la dimensión meramente doctrinaria filosófica.