Por Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Javier Milei viene ganando “la batalla cultural” por paliza; es innegable. A Maximiliano Pullaro hasta ahora no le está yendo mal con el cometido de instalar un cambio en la vida institucional de la provincia, comenzando por los sindicatos estatales. Ahora le toca la parada más difícil: evitar que el peronismo, pero sobre todo Amalia Granata, instale en el inconsciente colectivo que el gobernador quiere seguir en la “vieja política” con dos patriadas meridionales: los cambios institucionales en la Corte Suprema de Justicia y la reforma de la Constitución.

Este jueves la ley que le dará una nueva morfología funcional a la Corte Suprema de Justicia tendrá media sanción en la Cámara de Diputados porque el oficialismo tiene mayoría; la pregunta es: ¿a qué costo político? ¿Le quedará resto al gobierno para encarar inmediatamente la necesidad de la reforma constitucional?

Nadie cuestiona que se fije por ley la edad de 75 años para que los magistrados se jubilen, ahora bien: ¿puede una ley estar por sobre la Constitución, invocada por el ministro Rafael Gutiérrez, quien en su defensa subraya la “idoneidad” (artículo tercero de la Constitución) como requisito tanto para los ministros de la Corte como para los funcionarios y los jueces, para permanecer en el cargo? Por eso el gobernador no apela aún a la bala de plata de un decreto solicitándole la renuncia a los tres jueces (Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco), que ya superaron la edad jubilatoria prevista en las Constituciones provincial y nacional.

Tampoco es motivo de debate la integración territorial de la Corte (no habrá más jueces únicamente de Santa Fe y Rosario) ni la paridad de género (incluyéndose para tal fin a la figura del procurador). 

El nudo gordiano político es la nueva composición del Alto Tribunal: siete en lugar de los seis actuales. Para el peronismo (y Granata) ahí estará la línea argumentativa para desgastar la “batalla cultural” de Pullaro: dirán que quiere una “Corte funcional”, y por eso plantean políticamente el extremo: que sea de tan solo cinco miembros.

El gobernador Pullaro hasta aquí viene tratando de instalar en la opinión pública la necesidad de cambios en la Corte para “aggiornar”, como cabeza del Poder Judicial, al cuestionado socialmente “servicio de justicia” que es lento, costoso y por lo tanto deficiente. 

En el medio los empleados del Poder Judicial reclaman pagos atrasados (cuyo dinero para que se paguen -5.200 millones de pesos- ya fueron girados a la Corte desde Economía) y la firma de decretos de ascensos e ingresos (unos 500) por parte del gobernador. 

Todo ello paralelamente con la puja en el Ejecutivo y la Corte por el retiro de los tres ministros antes mencionados.

Dentro de ese marco de situaciones, a la que sumará el pronto inicio del año electoral, se sesionará el jueves. 

Y si de situaciones para ser explotadas políticamente el jueves -de un lado y del otro- estamos hablando, acaba de sumarse una novedad: la jueza laboral Silvina Quagliatti hizo lugar al amparo presentado por 17 jueces y funcionarios judiciales jubilados declarando inaplicable la Ley de Reforma y Emergencia Previsional. Obviamente el gobierno apelará la causa e irá a la Cámara Laboral.

El secretario de Seguridad Social de la provincia de Santa Fe Jorge Boasso no iba a dejar pasar esta oportunidad para descargar su encendida verba contra la jueza Quaglitatti y su fallo, al que tildó de “panfleto político sin sustento jurídico”, además de “ejemplo de ignorancia de la Seguridad Social, e insólita defensa de “privilegios” de quienes se creen superiores al resto de la sociedad”; no sin advertir que “la jueza Quagliatti debió excusarse de entender por defender sus propios intereses”.

Boasso le indilga a la magistrada pertenecer a una “verdadera casta”, que defiende privilegios tales como no pagar ganancias, ni aporte solidario, ni Iapos, “en pos de una intangibilidad de remuneración que la extienden a la jubilación”. 

La EPE y los “privilegios” de Luz y Fuerza

Y si de la “batalla cultural” se trata, el titular del sindicato Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, quedó anclado en la línea del tiempo: considera un derecho (y no un privilegio) “que cada afiliado incorpore (a la EPE) al menos una persona, es decir dejar alguien que quiera. Es su derecho" reclamó, a raíz de la pronta firma de la resolución que establece un nuevo mecanismo de selección del personal en la EPE: los puestos vacantes que se produzcan en la firma serán cubiertos a través de dos instancias: primero una convocatoria pública para producir un banco de aspirantes, y luego un examen escrito con solicitud de antecedentes y entrevista presencial para definir los concursos.

Tributaria con perfil productivo

Los ministros de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y de Economía Pablo Olivares plantearon que la Ley Tributaria 2025 recientemente ingresada por la Cámara de Senadores como complemento del Presupuesto “busca tener una mirada productiva, no solamente una mirada fiscal recaudatoria”, a los fines de “incentivar y promocionar el desarrollo productivo, y tener una estabilidad fiscal para las pymes” según expresó Puccini, quien agregó que “no va a ser una carga tributaria sobre las diferentes ramas productivas de la provincia, sino lo contrario, que haya también una certeza y un alivio, incluso fiscal, en muchos de ellos y alguno de los sectores que no lo tenían". 

Además, adhiere al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y al Régimen de Regularización de Activos.

Scaglia y La Libertad Avanza: "Los que pensamos lo mismo tenemos que estar juntos"

La líder de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe, Romina Diez, el pasado sábado en esta capital junto a Martín Menem y Karina Milei fue tajante (fiel a su estilo “mileístamente confrontativo”) cuando tuvo que referirse a posibles alianzas: no hay problemas, siempre y cuando LLA sea el centro del sistema solar, no al revés. Ergo: si Unidos quisiera integrar una coalición deberá ser “adentro” de La Libertad Avanza.

La vicegobernadora y titular del PRO santafesino Gisela Scaglia opinó que si el PRO y LLA tienen ideas similares, ¿por qué no aunarlas en un frente político-electoral? y si bien mencionó a Unidos, fue muy prudente para no herir susceptibilidades en una coalición de una decena de partidos, donde no todos comulgan con las formas (mas allá de las concepciones políticas) de los exorbitantes libertarios.

Scaglia trató de bajar los decibles: “Nosotros nunca lo hacemos de manera soberbia pensando 'súmense a Unidos'” contemporizó, aclarando que conoce a la diputada nacional de LLA Romina Diez desde hace muchos años, haciendo notar incluso que militaron juntas en el PRO.

Es que el partido de Milei, tal como ya definimos en este espacio, dejó de ser un avatar en redes sociales para transformarse en figuras de carne y hueso que comienzan a militar, a cubrir espacios políticos y el año que viene participar electoralmente, vaya a saberse con qué suerte territorial, pero constituyéndose en rivales directos del PRO.

Por lo pronto, en el acto llevado a cabo en esta capital el pasado sábado, participaron cinco concejales de Santa Fe, Rosario, Las Parejas y Avellaneda, y una diputada provincial que adscriben a LLA.  

Scaglia, avezada buceadora en las profundas aguas de la política “la ve venir”, y  tiende puentes. 

Mientras terminábamos de redactar esta columna sucedió en Rosario un hecho que podría alterar el orden establecido en esa ciudad: el asesinato de Pillín Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central. En redes sociales advierten que Bracamonte era una especie de barrera de contención para que Los Monos no ingresen a Rosario Central.