Por Esteban Stiepovich

La característica puesta en  práctica por algunos comercios de la ciudad, haciendo un recargo a la compra del cliente que opte por usar la tarjeta débito para su pago, la están convirtiendo en generadora de incomodidades y perjuicios a los afectados por su aplicación, impulsando a ser puesta en la agenda pública como tema de consideración y respuesta. En principio es necesario aclarar que es un acto ilegal que los comerciantes apliquen un sobreprecio o recargo por la utilización de la tarjeta de débito y de crédito.

La ley no ofrece dobles interpretaciones: no se  puede cobrar ningún tipo de diferencia o sobreprecio cuando son operaciones hechas en efectivo, al contado o con tarjetas de débito o crédito. Es decir que lisa y llanamente la ley que rige al respecto prohíbe a los comerciantes incurrir en este tipo de modalidad, cobrando sobreprecios, recargos o plus por sus ventas a través de tarjetas prepagas, sorprendiendo y afectando a los usuarios en el uso de esta herramienta de pago.

Tampoco un comercio está exento de ser denunciado si sugiere al potencial comprador evitar el uso de la tarjeta, pagando en efectivo a cambio de un descuento. Inoficioso pareciera hacer resaltar entonces, que la tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo, no correspondiendo pagar un adicional por ser usada por su poseedor para hacer su compra, o pagar servicios, perdiendo los beneficios que le depara su uso, como el de mayor seguridad al no manejar efectivo, u obtener descuentos por promociones, entre otros.

Corresponde dejar en claro que si el comercio tiene QR no está obligado a aceptar tarjeta de débito, ni tampoco a tener dos sistemas electrónicos de cobro; no obstante tiene que cobrar lo mismo con crédito, débito, efectivo y QR. La situación expuesta, que para muchos ejecutores de esta práctica no es nueva, y que se agrava con la aparición de nuevos cultores de esta modalidad, no tiene que dejar de llamar la atención de Defensa del Consumidor, haciendo conocer los mecanismos que los usuarios tienen a su disposición, y evitar ser perjudicados.

Una responsabilidad extensiva también a las autoridades municipales y legislativas en materia de control y resguardo de los ciudadanos.